Los tres magistrados aspirantes a ocupar la presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga se 'examinaron' este jueves ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unas intervenciones que se realizaron vía telemática y en las que explicaron durante los 10 minutos asignados por candidato, sus proyectos para resolver los retrasos que arrastran los 143 órganos judiciales de toda la provincia.
La pugna por este concurso, que llevaba sin ser convocado más de dos años, tiene como protagonistas a dos magistrados de la Audiencia de Málaga, la actual presidenta, Lourdes García Ortiz, y el presidente de la Sección 8, Pedro Molero Gómez, y un tercer aspirante, Jesús Manuel Madroñal Navarro, juez destinado en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Los tres han ejercido durante más de 20 años como penalistas en tribunales, y solo uno (Pedro Molero) no está vinculado a ninguna asociación judicial. Tanto García Ortiz como Madroñal forman parte desde hace años, respectivamente, de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora.
Precisamente, la intervención del magistrado Pedro Molero comenzó su exposición de méritos para esta presidencia haciendo alusión a la circunstancia de no pertenecer a ninguna asociación judicial.
"Me dirijo a ustedes siendo consciente de la importancia que en este tipo de designaciones tienen las asociaciones judiciales. No obstante, me encuentro esperanzado con que la no adscripción por mi parte a alguna de ellas no repercuta en una desigualdad", expresó el penalista y también fiscal en excedencia.
Pedro Molero, que fue el último es ser escuchado desde Madrid, añadió su esperanza en que si se produjera su designación por méritos se ratificaría "el anhelo que todos deseamos de una despolitización e independencia del órgano de Gobierno de la justicia", en alusión al Consejo del Poder Judicial.
Entre sus propuestas, tras 36 años de servicio desde que accedió a la carrera judicial, está el acceso de jueces especializados en asuntos de Violencia de Género a las salas donde se vez recursos de esta materia.
También se comprometió a mantener relaciones fluidas con el Secretario Coordinador y la delegación de Justicia de la Junta de Andalucía, para abordar el problema de las bajas de funcionarios, "ya que se deben de sustituir a la mayor brevedad posible" para que no incidan en la marcha diaria de los juzgados. Su propuesta es que "en 15 días se cubran estas bajas y no hasta en 45 días como sucede actualmente", dijo.
El presidente de la Sección 8 expresó en su intervención que era necesario buscar una solución, junto con el fiscal jefe de Málaga, para "evitar distorsiones en el sistema por la digitalización del expediente judicial", en relación con las ejecuciones de sentencia.
Otro de los problemas que trataría de resolver es la utilización en festivos, y por las tardes, de las salas del Instituto de Medicina Legal, espacios donde son reconocidas las víctimas.
"Las agendas de señalamiento de los médicos forenses no están coordinadas con las de los juzgados, lo que ocasiona que los ciudadanos tengan que acudir dos veces" a las sedes judiciales, explicó Pedro Molero.
DOS ASPIRANTES, DOS ASOCIACIONES RESPALDANDO
Por su parte, Jesús Madronal, destinado en la Sección 7 de la Audiencia de Sevilla y miembro electo en dos ocasiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la APM, dijo a los integrantes de la Comisión de Calificación que era necesario un número mayor de plazas para magistrados en Málaga, del modo que se supere incluso a la de Audiencia de Sevilla, puesto que el volumen de asuntos es mucho mayor.
El candidato sevillano ingresó en la carrera judicial por oposición en el año 2000, y ha estado trabajando también en la jurisdicción civil en Algeciras y Cádiz durante 17 años. En este sentido advirtió que lucharía para que no se produjeran "reinos de taifas entre las secciones" judiciales, para evitar "el aislamiento de las mismas y que se produzcan diferencias importantes de criterios jurisdiccionales y en los tiempos de respuesta" al ciudadano.
Madroñal Navarro propone reuniones semanales, "o incluso diarias, como dice la ley", entre los presidentes de las secciones y los magistrados, bien presenciales o telemáticas. En los encuentros se analizarían las problemáticas de los tribunales de Málaga y las soluciones a adoptar.
Esta coordinación la haría extensiva al resto de partidos judiciales de la provincia malagueña, para tratar de evitar "cierto caos que tienen que asumir muchos jueces, cuando el mismo es de tiempo inmemorial", agregó.
Para la magistrada Lourdes García Ortiz, que tomó posesión en enero de 2017 y ha realizado 47 inspecciones encomendadas por el TSJA, la relación con los jueces de Málaga es muy necesaria, por lo que se comprometió a continuarla con los medios tecnológicos actuales.
Defendió el trabajo realizado en sus años de mandato, incluso difícil en el estado de la pandemia. En estos 8 años ha celebrado 16 'plenillos' (reuniones de jueces para unificar criterios y analizar los problemas en las sedes), explicó.
La aspirante a renovar mandato dijo que "los órganos judiciales siguen estando muy sobrecargados", y por ello volvió a solicitar más plazas y medios judiciales para Málaga. La actual presidenta consideró importante la relación con los medios de comunicación y los colegios de abogados y procuradores, para explicar el funcionamiento del servicio público.
Los candidatos a presidir la Audiencia, que presentaron por escrito sus propuestas hace 4 semanas, coincidieron en que las sedes de los juzgados de Marbella, Estepona o Fuengirola no reúnen las condiciones adecuadas. Igual reclamación hacen a las administraciones para la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Los tres magistrados expresaron en su comparecencia telemática como reto la aplicación de la nueva ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia, que debe de entrar plenamente en vigor a finales de este año, con la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, 11 en total en Málaga, además de la Audiencia.
El Consejo General escuchó ayer también a los aspirantes a las presidencias de las Audiencias Provinciales de A Coruña, Ourense, Soria y Valencia.
