Cuatro sindicatos de la Administración de Justicia en Andalucía (CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT) se han pronunciado abiertamente este lunes contra las manifestaciones que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha plasmado en el informe anual sobre la actividad en las sedes judiciales, en el que expresa sus dudas sobre la eficacia del sistema de control del horario (Hermes) a los empleados públicos que trabajan en los tribunales de la comunidad autónoma.
La jornada de trabajo de los cerca de 9.000 funcionarios, que dependen de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en las ocho provincias, está fijada en 37,5 horas semanales, y para supervisarla los empleados tienen que 'fichar' mediante el encendido de su ordenador, registrándose así el tiempo de inicio y final de la jornada. Al contrario que en otras comunidades, en los juzgados andaluces no existe un reloj o torno con tarjeta para este tipo de control.
La supervisión del horario depende de la Junta de Andalucía, quien a través del área de personal de la Consejería de Justicia es la encargada de comunicar al trabajador si incumple la jornada semanal, mensual o anual para proceder, en su caso, a recuperar el tiempo no trabajado. "Si se produjera esta incidencia, es la delegación de Justicia de cada provincia la que envía cartas a los empleados advirtiendo del cumplimiento efectivo o no", indican fuentes sindicales.
De esta jornada semanal, cinco horas y media diarias tendrían un 'carácter rígido', es decir, habría que cumplirlas en el juzgado en una franja comprendida habitualmente entre las 8,30-9,30 hasta las 13,30-14,30 horas. "Si se incumpliera la misma se podría llegar a un expediente disciplinario", puntualizan desde los sindicatos. El resto de las horas se consideran flexibles, y si no se cumplen en su totalidad se tienen que recuperar al final de año. En algunos casos, la recuperación de horas se puede hacer por las tardes.
INSUFICIENTE SISTEMA
Sin embargo, para el presidente del TSJA el sistema Hermes "no es suficiente ni efectivo" para conocer de qué modo se lleva a cabo la jornada de trabajo de los funcionarios en los juzgados, así como las posibles entradas y salidas de las dependencias oficiales y el control del absentismo diario. Una circunstancia que redundaría en el trabajo efectivo en los juzgados.
El magistrado que preside el TSJA en funciones, cuya plaza está actualmente en proceso de renovación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sostiene en la Memoria anual hecha pública la semana pasada que el sistema Hermes es "un sistema informático de control más aparente que real", y expresa su inquietud respecto a su eficacia por ser un "control externo del horario" que puede comportar que "a través de los datos que reporta ese sistema, es casi inexistente o no produce consecuencias cuando detectan irregularidades" por el incumplimiento de las jornadas de los funcionarios.
En esta misma línea de "responsabilidad por la gestión y control horario", el presidente del TSJA considera que "la rígida estructura de trabajo y deficiente gestión del personal impide funcionar" en los juzgados aplicando criterios de "agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización y responsabilidad por la gestión", tal y como marca el artículo 435 de la ley del Poder Judicial.
Por ello, Lorenzo del Río cree necesario que se impongan "mejores controles e indicadores de eficiencia en el trabajo" en las sedes judiciales, ya que "no podemos caminar desde el puro voluntarismo, junto a un muy devaluado principio de autoridad y de unidad de dirección". Unas medidas que reclama de cara a la entrada en vigor de la nueva ley de Eficiencia de la Justicia.
REACCCIONES SINDICALES
Frente a estas reflexiones, los cuatro sindicatos han hecho público un comunicado con el que pretenden responder sobre "las disfunciones del entorno de personal y laboral", de las que habla el presidente del TSJA en la Memoria del año 2024. Y, en este sentido, CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT le "exigen una rectificación inmediata" por sostener que el control del horario es "casi inexistente".
Para los cuatro sindicatos, "estas afirmaciones no solo son falsas, sino que perpetúan una narrativa injusta y perjudicial hacia el colectivo de funcionarios de justicia, de las que debería de retractarse de inmediato", dicen, para añadir luego que "no es la primera vez que el TSJA recurre a este tipo de acusaciones infundadas. Desde que se asumió la Presidencia por Lorenzo del Río se ha evidenciado una actitud recurrente de desprecio hacia los funcionarios de los Cuerpo Generales, quienes son esenciales para el funcionamiento diario".
Las organizaciones sindicales, que actualmente se encuentran negociando con la Consejería de Justicia, que dirige el consejero José Antonio Nieto, la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, califican las reflexiones sobre el control horario del presidente del TSJA como un posible "intento de regresar a tiempos pasados, a la rancia distinción de las clases sociales dentro de la Justicia, donde 'unos son sirvientes y otros servidos".
Al respecto, los representantes de los funcionarios ironizan sobre "aquellos tiempos en los que algunos jueces pedían al funcionario desplazarse a la calle para que le trajeran a su 'señoría' un café caliente y un paquete de tabaco, o cuando no se podía entrar en su despacho si no se llevaba una chaqueta".
Paralelamente, fuentes sindicales de la Junta de Personal de Justicia en Málaga reclamaron que se haga un control horario no solo de los jueces y fiscales, sino también de los letrados de la Administración (antiguos secretarios), "a los que nadie ha querido o atrevido a implementar" una supervisión efectiva de su jornada.
SITUACIÓN CON LOS INTERINOS
Por otra parte, Del Río, que censura en su informe que existan sedes "con exceso de funcionarios y otros con una plantilla muy escasa, sin atender las necesidades reales del trabajo y de la población", cree necesario "introducir parámetros sobre la cualificación profesional de estos funcionarios, para evitar que se cubran plantillas con personal de desempleo, o sin conocimiento informático alguno ni de la dinámica judicial".
Contrariamente a esta afirmación, los sindicatos aclaran al presidente del TSJA que las bolsas de interinos en Andalucía "están formadas por personal que tiene amplia experiencia en la Administración de Justicia, o han superado los procesos selectivos sin plaza".
Según Lorenzo del Río, las bolsas de interinos deberían funcionar sobre sistemas de especialización en los distintos órdenes jurisdiccionales, y "sería sumamente necesario que los funcionarios interinos que se incorporen por primera vez a una jurisdicción sean tutorizados por otro funcionario de la misma oficina judicial durante un tiempo razonable (un mes), contemplándose la retribución oportuna en su caso para los formadores voluntarios".
