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La implantación de un futuro Centro Nacional de Ciberseguridad en Málaga parecía contar con amplios apoyos a nivel local, provincial y autonómico. Sin embargo, este jueves, el Gobierno central ha enfriado por completo esa posibilidad al confirmar que el centro no contará con sede física y que se tratará únicamente de una labor asignada al Departamento de Seguridad Nacional, con sede en Moncloa.
La decisión ha desatado una fuerte reacción desde la Junta de Andalucía. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha calificado la medida como “un nuevo agravio” del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Andalucía, y ha denunciado que se trata de “una nueva discriminación” al descartar a Málaga como sede del organismo.
Durante el Pleno del Parlamento andaluz, y en respuesta a una pregunta de la diputada Ángeles Martínez (PP-A), Sanz arremetió contra el Gobierno, al que acusó de ser “el más antiandaluz de la historia” y de “traicionar” a una comunidad que alberga, dijo, “uno de los mayores polos digitales de Europa”.
El consejero ha recordado que la memoria del proyecto preveía una sede física con hasta 36 puestos de trabajo, gastos estructurales y un edificio en alquiler. A su juicio, la renuncia a ubicarlo en Málaga obedece a “un cambio de criterio para perjudicar a Andalucía”.
Sanz ha vinculado esta decisión con otras recientes, como el descarte de Granada como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en favor de una pequeña localidad de Tarragona. “El Gobierno actúa para impedir que Málaga o Granada lideren estos proyectos estratégicos”, insistió.
El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, también criticó la decisión. Según dijo, el Ejecutivo “lleva el sectarismo al límite” y “prefiere degradar el centro” antes que ubicarlo en Málaga, lo que consideró un nuevo agravio tras “siete años de sanchismo”.
Desde el Gobierno, la respuesta fue tajante. El delegado en Andalucía, Pedro Fernández, acusó a Sanz de “faltar a la verdad” y de “crear una falsa polémica”. “Es completamente falso que se vaya a construir una nueva sede. El anteproyecto de ley establece que el centro estará adscrito al Departamento de Seguridad Nacional en Moncloa”, explicó Fernández.
En la misma línea, el subdelegado en Málaga, Javier Salas, subrayó que no se trata de un centro como tal, sino de una labor de coordinación encomendada a una persona del citado departamento. “Estamos ante una polémica estéril desde el principio”, zanjó.
