La Delegación del Gobierno andaluz ha negado de nuevo el impago por los servicios prestados por los letrados del turno de oficio en el juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), y ha asegurado que lo reclamado por el Colegio de Abogados "está fuera de lo legalmente establecido en la orden de baremos que regula las retribuciones por este servicio".
Tras la presentación por parte del Colegio de Abogados de Málaga de la primera demanda para reclamar las compensaciones económicas a la asistencia jurídica gratuita prestada por letrados en el juicio del caso 'Malaya', una vez agotada la vía administrativa, la Junta ha reiterado los argumentos esgrimidos en las resoluciones dictadas por la Consejería de Justicia e Interior a los dos recursos de reposición planteados, que fueron desestimados en su momento.
En dichas resoluciones se pone de relieve el techo máximo legalmente establecido para la retribución de los honorarios por este servicio para los procedimientos penales abreviados, fijado en un máximo de 1.000 folios y 25 euros por cada uno de ellos.
La Delegación del Gobierno ha indicado, además, a través de un comunicado, que "el caso 'Malaya' es una macrocausa por el gran volumen del sumario y legalmente es imposible aplicar unos baremos que exceden lo establecido por la norma para los procedimientos penales abreviados", criterio seguido por la Junta para el abono de estos honorarios.
Aunque ha dicho respetar la decisión del Colegio de Abogados de recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, ha dejado claro que no la comparte, al considerar que "no existen argumentos jurídicos que sustenten la reclamación planteada por los letrados".
A través de esta primera demanda se pide al juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla que la letrada Gema María Díaz Canales perciba el pago de sus honorarios, que ascienden a 25.000 euros, más los intereses legales por su labor como abogada defensora de oficio en dicho juicio, que se prolongó durante casi dos años y está pendiente de sentencia.
Se trata del primer recurso presentado por el Colegio de Abogados de Málaga de los tres que reclamará por vía judicial a la Junta de Andalucía durante los próximos dos meses, debido al adeudo de los honorarios por su servicio en el turno de oficio dentro del caso 'Malaya'.
APOYO INFORMÁTICO
Por otra parte, sobre la finalización del contrato de asistencia técnica para el servicio de apoyo informático al juicio del caso 'Malaya', la Delegación del Gobierno andaluz ha precisado también que "no hay ningún motivo económico ni presupuestario en este asunto" y que "responde únicamente al cumplimiento de la Ley de Contratos que regula el sector público y que impide una nueva renovación".
Ante la imposibilidad legal de prorrogar este contrato y con el objetivo de culminar ese apoyo informático a la fase final del juicio en la elaboración de la sentencia, la Delegación de la Junta ha ofrecido a uno de sus técnicos para realizar estas tareas, además del equipo de profesionales que en esta materia desarrolla su labor a diario en la Ciudad de la Justicia de Málaga.
El Ejecutivo andaluz ha subrayado "el apoyo que siempre ha prestado a este juicio por su especial complejidad y volumen, con el objetivo de garantizar su normal y correcto desarrollo", realizando, en este sentido, "un gran esfuerzo en la aportación de medios técnicos, infraestructuras y asistencia informática, con una inversión que alcanza los 1,5 millones de euros".
