Hay un “vacío legal” en la defensa de los derechos de los mayores de 65 años, que no se da en menores ni en mujeres, en casos de violencia o desamparo, declara a Efe este fiscal, “y es un colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de ayuda de los poderes públicos”.
Como fiscal de Sala delegado para la protección y defensa de los derechos de los mayores desde 2008, Jorge Sena Argüelles conoce a diario denuncias y quejas de estos ciudadanos y organizaciones vinculadas a ellos.
El 90% de las que se tramitan –afirma– están relacionadas con la Ley de Dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el entorno familiar o en las residencias donde viven, así como de discriminación por razón de edad.
La Ley de Dependencia es “excelente”, señala el fiscal, pero tiene dos defectos: “Está excesivamente burocratizada, son muchos los pasos hasta que el mayor obtiene el Programa de Atención Individual, que determina las prestaciones y servicios a percibir y, además, no está suficientemente dotada de recursos económicos”.
“Al haber mucha demanda y poca dotación, va con cuentagotas”, afirma, y “la lentitud y la falta de explicaciones dejan a los afectados sumidos en una incertidumbre tremenda. He recibido llamadas de personas que un año y medio después de haber sido calificadas como dependientes siguen esperando el PIA y que se determinen las ayudas”, destaca.
Y cuando se prolongan los trámites para conceder las prestaciones “se atenta contra la dignidad de las personas”. Uno de los derechos recogidos en la propia Ley, subraya el fiscal.
