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Investigan a exdirector económico de Promálaga por soborno

El hombre recibía presuntamente mordidas de empresas proveedoras de la citada empresa municipal

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  • Edificio Promálaga
  • El Ayuntamiento asegura que no pueden dar por ahora más información sobre este asunto, ya que hay una investigación judicial en curso

El exdirector económico-administrativo de la sociedad municipal Promálaga Francisco Muñoz está siendo investigado por, presuntamente, recibir mordidas de empresas proveedoras de la citada empresa municipal. Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga ha señalado que este directivo fue despedido el pasado jueves, 26 de septiembre.

Según ha adelantado este martes la cadena SER Málaga, el exdirectivo de Promálaga cobraba presuntamente a través de su pareja, procuradora, el diez por ciento de los contratos realizados por la empresa pública. La investigación es de 2017.

Desde el Ayuntamiento han informado a través de un comunicado que Promálaga despidió a su director económico-administrativo el pasado jueves, 26 de septiembre; además de que informó del citado despido a sus consejeros en el consejo de administración celebrado este pasado lunes, 30 de septiembre.

Por último, desde el Consistorio de Málaga han informado que ni el Ayuntamiento de Málaga ni Promálaga, sociedad cien por cien municipal, pueden dar por ahora más información sobre este asunto, al haber una investigación judicial en curso.

Este martes que Muñoz y su mujer están investigados por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. El caso fue denunciado ante la policía por un empresario, que contó que al negarse a pagar la mordida había dejado de licitar con esta empresa municipal.

Al parecer, Promálaga contrataba a empresas proveedoras con la presunta intervención del director económico y a cambio su mujer recibía el pago de casi el diez por ciento del contrato por supuestos servicios prestados en su condición de procuradora.

Los investigadores de la Agencia Tributaria calculan que entre 2015 y 2016, Promálaga habría pagado a sus empresas proveedoras 342.000 euros, de los que casi 33.400 fueron a parar a la pareja del directivo de la sociedad pública.

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