Los sindicatos de justicia han mostrado su rechazo a las resoluciones del Ministerio y de la Consejería andaluza que suponen una incorporación paulatina de funcionarios de forma presencial a los juzgados y tribunales, además de los que ya prestaban los servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por el coronavirus, al considerar que este incremento de la plantilla es "innecesario" y, además, "aumenta el riesgo de contagio".

Así, tanto el responsable en Málaga de SPJ-USO, Alfonso Justicia, como la delegada del STAJ Ana Andrés han criticado el protocolo de entrega de Equipos de Protección Individual (EPI) llevado a cabo este jueves en la Ciudad de la Justicia de la capital, apuntando que no se han entregado en la puerta del edificio sino que los funcionarios "han tenido que hace cola más de media hora" para recogerlos en "solo" dos puntos habilitados dentro para ello.

En declaraciones a Europa Press, Alfonso Justicia ha indicado que los servicios esenciales "se han cubierto perfectamente sin incidencia" hasta ahora, lo que ha permitido, en su opinión, que no aumentara el nivel de contagio en las dependencias judiciales; pero ha considerado que "el hecho de incorporar más trabajadores supone más riesgo". Además, ha señalado que ha habido personal disponible para incorporarse.

Asimismo, ambos responsables sindicales han lamentado que muchos funcionarios no pueden hacer teletrabajo, "porque no tienen los medios técnicos adecuados". Al respecto, la delegada de STAJ ha dicho a Europa Press que "nos encantaría teletrabajar, pero muchos no pueden por los medios y no tiene sentido sacar a la calle a los funcionarios si no van a poder realizar más que la admisión de los escritos pero luego van a quedar paralizados".

Al respecto, Ana Andrés ha incidido en que "es un poco absurdo porque se incorporarán funcionarios que no pueden realizar su labor por el estado de alarma porque los plazos están suspendidos", poniendo como ejemplo "más claro" el personal del servicio común de comunicaciones.

Desde CSIF, la responsable del sector judicial en Málaga, María Angustia González, ha reiterado que con esta medida "todos corremos más riesgos cuando los plazos están paralizados", incidiendo en que "no se están haciendo test y no nos tienen garantizadas nuestras condiciones laborales".

Desde este sindicato han instado, entre otras medidas, a que se realicen las pruebas diagnósticas PCR para la detección de posible portador de COVID-19 para proteger la salud del personal que paulatinamente se irá incorporando y de los usuarios; así como la dotación de equipos de protección individual y la implantación de un protocolo de desinfección de las herramientas de trabajo.

Por su parte, CCOO también ha mostrado su disconformidad ante la decisión del Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía de aumentar el número de personal presente en los juzgados, incidiendo en que los servicios esenciales se estaban cubriendo correctamente.

Así, el sindicato ha citado que en la jurisdicción civil, social o contenciosa "hasta ahora se estaba funcionando sin problemas en régimen de disponibilidad, pero a partir de este jueves tendrá que haber una persona perteneciente al cuerpo gestión o tramitación, más otra del cuerpo auxilio judicial por cada cuatro juzgados".

"AUMENTO EXPONENCIAL INJUSTIFICABLE"

"Un aumento exponencial injustificable, dado que hasta el momento, y con el sistema general de disponibilidad vigente hasta el día de ayer, han sido atendidos puntualmente y sin excepción en todas y cada una de las oficinas judiciales y fiscalías de todo el territorio nacional", han apuntado desde CCOO en un comunicado.

Este sindicato ha incidido en que un aumento tal de la plantilla presente en los juzgados "es una medida innecesaria y que contraviene la suspensión de diligencias judiciales establecida en el Real Decreto 463/2020 por la que se decretó el estado de alarma". Han añadido que la tramitación de casos no urgentes "no solo está prohibida por el decreto, sino que además es imposible puesto que el cómputo de plazos está paralizado".

Desde CCOO han indicado que "es inexplicable" y que la nueva exigencia de presencialidad "parece más una maniobra para acallar críticas de la elite judicial". Asimismo, han añadido que "existe un peligro real y no evaluado de incorporación de afectados asintomáticos a puestos de trabajo", al "no estar prevista la realización de test de detección del COVID-19, ni tener habilitado un sistema para tomas de temperatura", han dicho.

Por esto, han exigido que "al menos, se dote de medios de prevención adecuados y suficientes", ya que "en caso contrario entendemos que debe suspenderse inmediatamente la actividad, porque la defensa de la salud es el primer objetivo, también en la Administración de Justicia".

Por último, desde UGT han considerado "inexplicables" los criterios establecidos en la resolución del ministerio, al entender que aumenta "exageradamente la presencia de los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia", pero fija una presencia "casi testimonial en los centros de trabajo" a jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia.

Desde UGT han criticado "la injerencia reiterada e ilegal del Consejo General del Poder Judicial como tercer poder del Estado en potestades que no le son competentes, como son el establecimiento de los servicios esenciales del personal general de la Administración de Justicia", exigiendo la dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, y también del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.