El PP en la Diputación de Málaga solicitará al Gobierno central un plan de reactivación de la cultura "que sea creíble, realista y sin dejar a nadie atrás, con el fin de acceder a las ayudas europeas concedidas" para salir adelante ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.
En una moción, consultada por Europa Press, los 'populares' solicitan que el Ejecutivo de PSOE y Podemos reduzca el IVA de las contrataciones del 21 al diez por ciento y que reforme la Ley de Contratos del Sector Público "para que se adapte y flexibilice a la realidad de la cultura de nuestro país".
"Todos coincidiremos en que es un hecho evidente que la Cultura ha quedado gravemente debilitada a causa de la pandemia. Todas las Administraciones públicas estamos obligadas a protegerla como un bien de interés general", expone el portavoz del PP, Francisco Oblaré, quien añade que la cultura "es marca España y nos proyecta a nivel internacional".
Así, sostiene que es una necesidad de consumo, como se ha demostrado durante el confinamiento, "periodo en el que se ha incrementado la venta online de libros y la oferta cultural a través de Internet, gracias a la generosidad de artistas y creadores".
Oblaré apunta que los que viven del sector cultural han sufrido y están sufriendo "quizá más que en otros sectores esta indeseable situación" y afirma que artistas, técnicos y empresarios "se han reinventado para sobrevivir a la crisis".
Recuerda el dirigente de la institución provincial la labor realizada por la Diputación durante la pandemia y después de que finalizara el primer estado de alarma; así como la retransmisión de los espectáculos en 'streaming', con especial interés en artistas y compañías locales y contratando empresas del sector establecidas en la provincia.
"Hemos dado a conocer el trabajo creativo de los artistas malagueños, hemos creado empleo y hemos generado actividad económica entre las industrias relacionadas con la cultura", asegura Oblaré, quien destaca también el Plan de Impacto para la Cultura frente al COVID de la Junta de Andalucía, dotado con casi 23 millones.
A su juicio, el esfuerzo de la Administración local, provincial y de la Comunidad Autónoma de Andalucía "no se ha visto acompañado por el Ministerio de Cultura y Deporte, que se ha inhibido durante esta crisis sanitaria y económica".
EDUCACIÓN
Por otro lado, el PP también lleva al pleno de este miércoles 18 de noviembre una moción "relativa a la vulneración de derechos y libertades educativas promovidos por la Lomloe", que se está tramitando estos días en la Comisión de Educación del Congreso y que están provocando la movilización tanto de la escuela concertada como de la Educación Especial.
Según Oblaré, con decisiones como "la eliminación de la lengua castellana como lengua vehicular, la prohibición a los padres de elegir libremente a qué centros educativos llevar a sus hijos o la desaparición progresiva de los centros de educación especial, una vez más el Gobierno socialcomunista a través de su ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aprovechando la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y bajo el yugo del estado de alarma, pretende implantar su ideología totalitaria".
"No podemos tolerar un escenario en el que se antepone la ideología al bienestar de los alumnos y una ley educativa que es la primera que se ha hecho a espaldas de todos los agentes sociales", sostiene.
En este punto, añade el PP, esta nueva ley "se pone en jaque no solo a los 137 centros concertados y a los 106 centros de educación especial con los que cuenta la provincia de Málaga, sino también la libertad educativa y de elección en la enseñanza de miles de familias malagueñas".
"Esta particular cruzada en la que se ha embarcado la ministra Celaá, además podría provocar la destrucción de cientos de empleos en nuestra provincia, no solo de docentes que trabajen para la concertada o de educadores especiales. El impacto de estas decisiones podría conllevar que muchas empresas que se dedican a prestar servicios a estos centros deban despedir a trabajadores o incluso podrían estar abogados al cierre", insiste el 'popular'.
Por todo ello, el PP presenta una moción para que el Gobierno restablezca la lengua castellana como lengua vehicular en el país, respetar y defender la Constitución española, garantizar que los padres elijan el tipo de educación y centro educativo donde escolarizar a sus hijos y defender la red de centros concertados "como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribual Constitucional".
Incide Oblaré en la libertad de elección de las familias, "asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho lo que implica que ambas redes, pública y privada-concertada tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho".
