El equipo de Gobierno ha dado cuenta de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2019. Su portavoz y delegada de Hacienda, María José González, ha dejado claro que el objetivo es ejecutar las partidas sin obtener beneficios y, al tiempo, procurar que no haya pérdidas, aunque existan servicios deficitarios como, por ejemplo, la recogida de basuras. En este sentido, hay una serie de indicadores que vigilan que el gasto no supere los ingresos para dar pie a una inestabilidad presupuestaria, que ha sido práctica tradicional en el Ayuntamiento, explica González Peña.
Como diferencia respecto a lo presupuestado entre ingresos y gastos, el resultado es de más de cuatro millones de euros en positivo. La delegada asegura actuar con responsabilidad con el dinero de los arcenses, y recuerda que gran parte se destina al pago de deudas. Los levantamientos de reparo han servido para que el Ayuntamiento no generara nuevos gastos, cumpliendo así el principio de estabilidad presupuestaria. Así lo arroja el informe del servicio de Intervención, que admite un superávit de 2,5 millones de euros.
En cuanto al remanente de tesorería, una vez obtenidos los saldos bancarios y los cobros y pagos pendientes, fue de menos diez millones de euros en 2014 cuando en 2019 se sitúa en menos ocho, con lo cual se vislumbra la recuperación económica. Así lo hace constar el informe de Intervención, que apunta a “un remante mejorado porque los derechos de cobro se incrementan y porque los pagos a aplicar se reducen considerablemente”. La delegada asegura que, a partir de ahí, que cada partido político opositor lance su discurso y que los ciudadanos lo valoren, dejando entrever que las posibles críticas están fuera de lugar frente al criterio técnico que ha aprobado la liquidación de 2019. El Ayuntamiento no estaría aumentando su deuda. Cada fondo de ordenación tramitado hasta la fecha ha servido para mejorar las condiciones de pago de deudas, mientras que las inversiones de otras administraciones están supliendo las inversiones propias. González dice que mejora la situación económica teniendo en cuenta traspiés como el pago de más de diez millones por la sentencia favorable a Novohogar, la empresa que construyó Pueblos Blancos y que denunció al Ayuntamiento en el periodo de gobierno del PP-Ai-Pro.