La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) subirá en 2018 en 1.296 municipios españoles, mientras que bajará en 534 localidades, entre estas últimas se encuentran las capitales como Lérida, Castellón de la Plana o grandes municipios como Marbella.
Esta variación deriva de la actualización del catastro para 1.830 municipios, aprobada ayer por el Consejo de Ministros y que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con las tablas de los coeficientes de actualización sobre los que se ajustará la valoración de los bienes.
Esta actualización no implica que varíe el tipo del impuesto -que es de carácter municipal y que lo fija cada ayuntamiento-, pero sí lo hace la valoración del inmueble, que es la base imponible sobre la que se aplica.
La actualización había sido solicitada por los ayuntamientos y en algunas ocasiones supone la revisión de valoraciones que no se habían modificado desde los años ochenta.
Precisamente el tiempo transcurrido desde la última actualización es el que indica qué municipios tienen que revalorizar al alza y cuáles a la baja los inmuebles y en qué cuantía.
De los 1.296 municipios, aquellos que revisaron por última vez el catastro antes de 2004 verán incrementada la valoración de las viviendas, con un coeficiente que varía entre el 1,08 para los anteriores a 1991 y del 1,03 para los que lo hicieron entre 2001 y 2003.
Es decir, que un inmueble valorado en 1985 en 100.000 euros pasará ahora a constar en el catastro 108.000 euros y este será el importe sobre el que se aplique el tipo del IBI.
Entre los municipios que revisan al alza sus inmuebles figuran Valencia, Teruel, Logroño, Huesca, Huelva, Cádiz y Badajoz.
Por el contrario, los 534 municipios que actualizaron por última vez el catastro entre 2005 y 2012, en plena burbuja inmobiliaria, verán ahora reducido el valor de los inmuebles.
En este caso, el coeficiente oscila entre el 0,96 -para los municipios revisados entre 2005 y 2010- y el 0,91 para los de 2012, el último año sujeto a este cambio normativo.
Por ejemplo, un inmueble registrado en 100.000 euros en 2012 ahora pasará a estar valorado en 91.000 euros.
Las revisiones a la baja también afectan a algunas capitales de provincia, como Lérida o Castellón de la Plana, o a grandes municipios como Marbella.
La actualización del catastro se enmarca dentro del real decreto ley aprobado ayer, en el que también se mantienen para 2018 los límites por los que los autónomos pueden tributar por el sistema de módulos.
En ese decreto ley, el Gobierno explica que la actualización del catastro "resulta necesaria dado que contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria" de las entidades locales.
Asimismo defiende la necesidad de este decreto ante la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado del 2018, que habitualmente actualizan los valores catastrales, así como su urgencia por la repercusión inmediata en el IBI, impuesto que se devenga el próximo 1 de enero.
