El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, se mostró este lunes en Bruselas a favor de crear una comisión para vigilar el cumplimiento de la cláusula de respeto de los derechos humanos y del medioambiente incluida dentro del tratado de libre comercio (TLC) concluido en mayo con la Unión Europea (UE).

Diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) y sectores de la sociedad civil han mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia, y han considerado insuficiente dicha cláusula.

No obstante, el vicepresidente colombiano aseguró que “cada día son más las voces a favor” del acuerdo comercial, y “más comprensión por parte de la sociedad civil”.

Garzón también esperó contar con el apoyo de los eurodiputados para que el texto sea aprobado por el Parlamento Europeo -asimismo debe respaldarlo el Parlamento colombiano, algo que podría ocurrir “en el segundo semestre de 2011” o “a finales de 2011”.

Antes, será necesario que el documento supere todas las etapas administrativas, que incluyen su traducción legal a las 23 lenguas oficiales de la UE, recordó.

Por otra parte, reiteró la voluntad del Gobierno colombiano de poner a disposición de los países de la UE la información contenida en los ordenadores del jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy”, abatido el pasado 23 de septiembre en un bombardeo en el que también fallecieron otros nueve guerrilleros.

“Hemos tenido información en Colombia de relaciones que ha habido entre la banda terrorista ETA y la guerrilla de las FARC, y cualquier otra información que encontremos en los computadores incautados (...) se la entregaremos inmediatamente al Gobierno y las autoridades españolas”, agregó.

Por otro lado, aseguró que en el ataque al Mono Jojoy ninguna víctima coincide con “Alexandra”, la holandesa que milita en las FARC.

El grupo del PP en el Congreso exige al Gobierno una “protesta firme” ante las autoridades venezolanas y que logre del Ejecutivo de Hugo Chávez “plenas garantías” de que no volverán a producirse supuestos “episodios de cooperación entre ETA y altos funcionarios” de la República bolivariana.

Así se manifiesta el PP en una proposición no de ley que ha registrado en la Cámara Baja para un debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.