El Tribunal Supremo verá el próximo martes los recursos contra la sentencia -la primera por traición dictada en España desde el retorno de la democracia- que condenó al ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez por hacerse con documentación secreta para ofrecérsela a Rusia.

En la vista, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado -que ejerció la acusación popular contra Flórez en representación del CNI- pedirán al Supremo que confirme la pena de doce años de prisión que le fue impuesta el pasado 11 de febrero por la Audiencia Provincial de Madrid, mientras que su defensa pedirá la revocación de la sentencia y que el ex espía sea absuelto.

Así lo han informado a Efe fuentes jurídicas, que han señalado que el abogado de Flórez insistirá en que nunca tuvo intención de entregar los documentos a otro país -de hecho, la sentencia señalaba que no había quedado probado que el ofrecimiento de los secretos a la inteligencia rusa "se llegara a materializar"- y que los hechos no constituyen un delito de traición.

La defensa también alegará que la pena impuesta al ex agente del CNI es desproporcionada y que durante la instrucción del caso se vulneraron los derechos de su representado.

La sentencia de la Audiencia Madrileña declaró probado que Flórez accedió "a numerosa documentación e información perteneciente al Centro" clasificada como secreta, "pese a que no contaba con autorización para ello ni estaba relacionada con el trabajo que se le había encomendado", y que lo hizo "con la intención de ofrecérsela a los servicios secretos de Rusia".

La documentación contenía datos relativos, entre otros, a la denominación y claves internas de los diferentes organismos del Centro, a las autoridades con las que éste mantiene relación y a las que remite informes de inteligencia, a las delegaciones del CNI en el exterior, a su estructura e, incluso, un listado de su personal por orden alfabético.

Todos esos documentos fueron encontrados en el domicilio de Flórez en Tenerife cuando éste fue detenido en julio de 2007, junto a dos cartas dirigidas al "señor Melnikov", al que el tribunal identifica con Petr Yakovlevich Melnikov, consejero de la Embajada de Rusia en España entre los años 2000 y 2003.

En la primera carta, fechada en diciembre de 2001, Flórez se decía dispuesto a "colaborar" con Rusia y avanzaba algunos de los posibles "contenidos" de su colaboración, entre ellos, el de "identificarles y mantener actualizado 'quién es quién' en el Centro".

La condición previa para "materializar" la relación, añadía, pasaba "por recibir, a cambio de esta primera entrega de documentación, la cantidad de doscientos mil dólares norteamericanos en efectivo".

En una segunda carta, sin fechar aunque supuestamente escrita en 2002, Flórez decía que se habían producido "diversos acontecimientos relevantes" que aconsejaban "actualizar" la información remitida anteriormente y anunciaba "la probabilidad de ocupar, próximamente, algún puesto de responsabilidad en el CNI, en ámbitos que pudieran ser del interés" de los servicios secretos rusos.

Sin embargo, y a pesar de que las acusaciones sostenían que Flórez "llegó a revelar la información" a Rusia y que ello obligó a "neutralizar" dos operaciones del Centro, el tribunal no consideró acreditado ese extremo, ya que los miembros del CNI que declararon en el juicio no facilitaron los datos que lo demostrarían "por ser secretos".