El Gobierno de Colombia y los transportistas han llegado a un acuerdo para poner fin a la huelga que comenzaron el pasado 19 de agosto, junto a agricultores y ganaderos, para exigir mejoras laborales en estos sectores económicos.
Tras varios días de reuniones, finalmente a última hora del lunes representantes del Ministerio de Transporte y de los huelguistas han llegado a un acuerdo para reanudar su actividad profesional, según ha informado el diario colombiano 'El Tiempo'.
El acuerdo contempla la congelación del precio del combustible durante los próximos tres meses y la eliminación de la póliza de chatarrización, de modo que por cada vehículo que salga de la circulación entrará otro, y del límite temporal de vida útil de los vehículos.
La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, ha explicado que también se ha pactado la creación de unas mesas de trabajo para implementar el acuerdo. Hasta entonces, solamente los vehículos que superen las revisiones técnicas podrán seguir circulando.
Además, las partes han impuesto a los llamados generadores de carga, es decir, las empresas de transporte, la obligación de publicar los valores por los que contratan para evitar que pacten precios por debajo del de mercado.
El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Pedro Aguilar, ha considerado que este acuerdo "dignifica la profesión" porque "ganan tanto los pequeños como los grandes transportadores".
La Asociación Nacional de Empresas Transportadoras (Asecarga), por su parte, ha criticado al Gobierno por no convocar a los generadores de carga a la mesa de negociaciones, a pesar de que el acuerdo final también les afectará.
LA HUELGA
El pasado 19 de agosto, transportistas, agricultores y ganaderos iniciaron un paro nacional para exigir al Gobierno que aprobara medidas urgentes para mejorar sus condiciones laborales y protegerles del impacto de los tratados de libre comercio.
A lo largo de estas dos semanas se han producido enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas de seguridad, en un principio localizados en zonas rurales, pero finalmente se han extendido a las grandes ciudades, que han expresado su apoyo al campo colombiano.
La mayor jornada de violencia se vivió el pasado jueves, cuando miles de personas marcharon por el centro de Bogotá para apoyar a los huelguistas. Sin embargo, grupos de encapuchados boicotearon la protesta, dando lugar a una batalla campal contra los agentes antidisturbios.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, denunció la infiltración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la marcha de Bogotá y, en consecuencia, propuso juzgar por terrorismo a los detenidos por los disturbios.
Por su parte, el alcalde bogotano, Gustavo Petro, acusó a las bandas criminales de la violencia. "Las 'bacrim' están detrás del sabotaje a la movilización pacífica. Los Paisas contrataron pandillas para destruir y extorsionar", dijo en la red social Twitter.
El Gobierno y los campesinos llevan semanas negociando un acuerdo para poner fin a una huelga que se ha saldado con cuatro muertos. De momento, solo los campesinos de Tunja han conseguido arrancar un compromiso al Ejecutivo para que proteja la producción de determinados alimentos.
