El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desoído las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha firmado este miércoles la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien será sustituido por el actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo, hasta que se celebren elecciones.
De esta forma, el mandatario colombiano ha ejecutado el fallo que emitió el procurador general, Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde capitalino, a raíz de la crisis desatada por el cambio del sistema de recolección de basuras en 2012. Esta decisión llega sólo un día después de que Consejo de Estado rechazase las 23 acciones de tutela ejercidas a favor de Petro.
Santos tenía un plazo de diez días para pronunciarse sobre la decisión del procurador, pero tras mantener una serie de reuniones en la Casa de Nariño con juristas y políticos, ha optado por acatar el fallo del Ministerio Público.
"La justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna", ha afirmado Santos, que ha añadido que a Petro no se le han agotado los recursos en Colombia y que, por lo tanto, podía acogerse a ellos antes de pedir unas medidas cautelares a un organismo internacional como la CIDH.
La CIDH, atendiendo la solicitud de la defensa de Petro, solicitó el pasado martes la adopción de medidas cautelares a favor del alcalde de Bogotá y reclamó al Gobierno de Colombia que suspendiese "de manera inmediata" su destitución hasta que el organismo se pronuncie sobre el fondo del asunto, al entender que el fallo de la Procuraduría viola sus derechos políticos.
Sin embargo, el presidente Santos ha desoído estos reclamos, justificando su decisión en el hecho de que, pese a que Colombia tradicionalmente ha acogido las medidas cautelares, "lo ha hecho cuando se trata de razones relacionadas con la protección de la vida". Asimismo, explica que el papel de la CIDH es "complementario y alternativo", de forma que "sólo debe operar cuando se produzca una falla en el sistema interno".
LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH "NO SON VINCULANTES"
Por su parte, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, ha aclarado que las medidas cautelares "no son vinculantes para Colombia". "Las medidas cautelares no son un mandato que los estados le hubieran dado a la convención, por lo que no son obligatorias", ha detallado Holguín, de acuerdo a la información recogida por el diario colombiano 'El Tiempo'.
La decisión se ha dado a conocer justo cuando el alcalde Petro encabezaba una concentración en la Plaza de Bolívar para "festejar" la decisión de la CIDH, que calificó como un "triunfo" de la democracia, tal y como narraba a través de su perfil oficial en la red social Twitter.
Es la segunda vez que Bogotá se queda sin alcalde de manera consecutiva. En los últimos seis años ha tenido tres mandatarios: Samuel Moreno, Clara López y Gustavo Petro.
El encargado de asumir el cargo --como alcalde encargado-- hasta la celebración de unas nuevas elecciones será el actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que ha asegurado que asume este encargo "con toda la responsabilidad, en el entendido de que es contribuir con un grano de arena al mejor estar de los bogotanos".
EL PROCESO DESDE SUS INICIOS
El pasado 9 de diciembre, el procurador general destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares --algo que hizo a última hora del martes-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
