El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad al ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) imputa también a López Viejo la participación en una trama delictiva y ha establecido la fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias del ex consejero del Gobierno regional. 

Según las investigaciones sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJM, López Viejo –que mantiene su acta de diputado en la Asamblea de Madrid– recibió 563.000 euros de la organización presuntamente liderada por Francisco Correa. 

Su papel en la trama consistiría en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa a cambio de dinero.

Para que otras empresas no pudieran optar a esos contratos y “disimular” el “favorecimiento” a la trama dirigida por Correa, López Viejo recurría a “no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público”.

El juez añadía que el ex consejero de Deportes sería la persona “que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros”.

Garzón también relataba que una de las empresas de Correa (Servimadrid Integral) trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las Consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras con las que hacían eventos sueltos.

Además, sostenía que el “número dos” de la organización de Correa, Pablo Crespo, se había reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero.

En el auto en el que el TSJM aceptó hacerse cargo del caso, este tribunal señalaba la existencia de indicios de delito respecto del ex consejero basados en “declaraciones de alguno de los imputados (que) apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas”.

López Viejo, que dimitió de su cargo de consejero el pasado 9 de febrero, tras conocerse su implicación en el caso Gürtel, es el tercer aforado que comparece ante el TSJM, después de que los también diputados de este partido en la Asamblea madrileña Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -que como él se negaron a declarar- lo hicieran en los últimos días. 

Pedreira también tomó ayer declaración a Antoine Sánchez, primo de Correa y, junto a éste y Pablo Crespo, uno de los tres imputados encarcelados por orden de Garzón.

La defensa de Sánchez, que según el juez trabajaba directamente a las órdenes de Correa y era una “pieza clave” en su organización, ha solicitado al magistrado del TSJM que ordene su puesta en libertad, pero éste ha mantenido de momento su situación de prisión a la espera de recibir el informe de la Fiscalía sobre esa solicitud.

Por último, Pedreira ha interrogado al empresario Plácido Ramón Vázquez Diéguez, imputado en la causa porque en la “contabilidad B” de la trama, intervenida en el “piso franco” que la organización tenía en la calle de Serrano de Madrid, figuran varios apuntes que reflejan que hizo varias entregas de dinero, entre ellas una de 50 millones de pesetas y otra de diez millones.

Tanto Sánchez como Vázquez fueron ayer imputados por su supuesta participación en la trama y por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, ha informado el TSJM.