Dos de los tres imputados por el asesinato en Zaragoza en febrero de 2006 de la empresaria Ana Isabel Herrero, declararon ayer que le dispararon a quemarropa con la intención de matarla porque trató de resistirse cuando intentaban secuestrarla junto con su marido, Francisco Colell. 

Israel Clemente López y Jorge García Vidal han reconocido durante el juicio que continuará hoy en la Audiencia Nacional ser militantes de los Grapo y haber organizado este secuestro como parte de una campaña de acciones contra la “clase capitalista zaragozana”, con la intención de obtener dinero de los dos empresarios. 

El tercero de los imputados en este proceso, Juan García Martín, ha negado sin embargo su implicación en estos hechos, por los que el fiscal pide 78 años de cárcel para los tres procesados.

Francisco Colell, que ha declarado en el juicio como testigo, ha narrado cómo el 6 de febrero de 2006, en torno a las nueve de la noche, entró como cada día con su mujer en el garaje donde aparcaban el coche cuando fueron abordados por dos hombres armados que se dirigieron uno a cada uno de ellos y los inmovilizaron.

Según ha dicho, el hombre que le encañonaba a él, García Vidal, le dijo que eran de los GRAPO y que iban a secuestrarles, y le explicó que si no se resistían no les pasaría nada; mientras que el otro, Israel Clemente, sujetaba a su mujer.

El empresario ha explicado que en ese momento oyeron que alguien entraba en el garaje, lo que provocó que su secuestrador escondiera la pistola bajo la gabardina, momento que Collel aprovechó para meterse en su coche y ponerlo en marcha.

García Vidal comenzó entonces a dispararle a través del cristal del vehículo, "hasta que agotó las balas del tambor del revólver" según ha declarado en el juicio el propio miembro de los GRAPO.

Ha añadido que mientras tanto la empresaria simuló un desmayo para poder presionar el botón que abre la puerta del garaje, por lo que le disparó "tocando el cuerpo", "un primer tiro para inmovilizarla y un segundo para ejecutarla".

Ambos acusados han explicado que su intención era pedir a los empresarios 725.000 euros como "pago del impuesto revolucionario", y que les eligieron a ellos por los conflictos laborales que habían protagonizado.

Sin embargo, según han expuesto, pensaban que la acción se desarrollaría de manera rápida y sencilla porque creían que, cuando los llevaran a su domicilio, los secuestrados dispondrían allí de al menos parte del dinero que les solicitaban y se lo darían, tras lo que planeaban huir dejándolos atados en su propia casa.

El tercero de los acusados, Juan García Martín, habría supuestamente colaborado en estos hechos vigilando desde la puerta del garaje, según el escrito del fiscal, pero tanto él mismo como los otros dos procesados han negado esta colaboración.

García Martín ha explicado que una supuesta implicación en los GRAPO habría sido incompatible con su militancia en el PCE(r) (Partido Comunista de España Reconstituido), para el que realizaba labores de propaganda y vigilancia por las que está condenado, ya que "habría puesto en peligro a todo el partido".