Así se ha expresado el secretario de Estado, en declaraciones a Efe, al referirse al balance de la situación autonómica cuando se llega al ecuador de la legislatura y faltan dos años para la próxima cita electoral, aunque antes, en otoño del año que viene, si no se adelantan, habrá comicios en Cataluña.
Zarrías ha recordado que cinco comunidades tienen abiertos sus procesos de reforma estatutaria –Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia, Extremadura y Canarias– además de la ciudad autónoma de Melilla, tras cerrarse, en la anterior legislatura, las de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla y León.
De ellas, algunas se han quedado en el camino, como la de Canarias, que después de aprobarse en su Parlamento, con el respaldo de CC y PSOE y el voto en contra del PP, en su tramitación en el Congreso de los Diputados se cambiaron las alianzas y la Cámara autonómica decidió retirarlo en diciembre de 2007. Ninguna nueva propuesta ha entrado en el Congreso.
También pasa por dificultades la tramitación del de Castilla-La Mancha, donde el PSOE y el PP aprobaron un texto en las Cortes regionales en enero de 2007, que preveía reducir los trasvases del Tajo al Segura y su supresión en 2015.
La actitud de los diputados del PP de Murcia y de la Comunidad Valenciana, que se oponen rotundamente a esta posibilidad, ha enredado la negociación en la Ponencia del Congreso que estudia esta reforma.
A pesar de estas dificultades en la legislatura autonómica, para el Gobierno, se han producido importantes avances con las autonomías que sí han reformado sus Estatutos, especialmente en los traspasos –el último un acuerdo para las Cercanías ferroviarias en Cataluña– y otros se negociarán intensamente como es el caso de la gestión del Duero, en Castilla y León.
Sobre estas reformas planea la decisión que pueda tomar el Tribunal Constitucional con el Estatuto de Cataluña, ya que el resto de textos modificados tienen artículos prácticamente idénticos al catalán.
Otra gran decisión que falta por desarrollar es el nuevo modelo de financiación autonómica, apuntada en alguno de esos Estatutos para sus territorios y que es el gran “caballo de batalla” de esta legislatura, donde los presidentes autonómicos se alían más por intereses territoriales que por colores políticos.
Además, en estos dos años ha habido un descenso considerable en la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, con 28 impugnaciones ante el Constitucional en lo que va de año, frente a los 75 casos de la legislatura anterior.
Valcárcel ‘vs’ Barreda
Por su parte, el PP acusa al Gobierno de poner en peligro el principio de igualdad en infraestructuras y financiación.
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pide al Ejecutivo que, en los dos años que restan, recupere el principio de solidaridad que se “quebró” cuando Rodríguez Zapatero llegó a la Presidencia y derogó el trasvase del Ebro.
Sin embargo, para el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, estos dos años se resumen en una frase: “Organizar un desarrollo sostenible” y, para ello, se ha tenido que dar prioridad a lo urgente sobre lo importante, “y lo urgente, hoy, es combatir la crisis”.
Barreda ha valorado los pactos alcanzados, en su comunidad, con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, y que han favorecido a la vivienda, a los autónomos, a los desempleados, la educación, el sistema de salud y bienestar social y, en definitiva, todas las políticas sociales.
Por su parte, el presidente murciano se ha referido al asunto del agua y ha criticado al Ejecutivo por poner también en peligro, estos dos años, el principio de solidaridad entre comunidades en política hidráulica.
Según ha relatado Valcárcel, su región mantendrá cada una de sus reivindicaciones porque “Murcia no quiere más que otras regiones, pero tampoco menos”.
Además, el presidente murciano se refiere a la crisis y dice que su gabinete “se crece ante las adversidades” y, en el ecuador de este mandato, “los esfuerzos para salir fortalecidos serán más intensos”.
Así, asegura que cuando “otros se empeñaban en negar la crisis”, el Gobierno de Murcia fue el primero en adoptar medidas como los planes de dinamización económica o las ayudas de 420 euros a los parados que han agotado los subsidios.
Mientras, Barreda comenta que su Gobierno fue el primero que abordó la crisis “claramente” y para enfrentarla acordó gobernar “en coalición con la sociedad, con estabilidad política y social, y sin cruzarse de brazos”.
