En la exposición razonada enviada al Alto Tribunal, el magistrado del TSJM Antonio Pedreira señala que los avances producidos en la instrucción de la causa “han descubierto hechos nuevos y han puesto de manifiesto la posibilidad veraz” de que el senador Bárcenas –que también es tesorero nacional del PP– sea responsable de un delito fiscal y de otro de cohecho, y el diputado Merino de uno de cohecho.
En una nota de prensa, el TSJM explica que los “avances en la investigación” que han llevado al magistrado a pedir al Supremo que asuma la competencia sobre la totalidad de la causa son fruto de las últimas declaraciones y de los informes elaborados por la Fiscalía Anticorrupción y por la Agencia Tributaria.
“El informe emitido por Anticorrupción recoge el contenido de declaraciones y de prueba documental y suministra los indicios suficientes que justifican la obligada remisión al Tribunal Supremo de las presentes actuaciones”, señala el TSJM, que añade que los datos facilitados por Hacienda han sido incorporados a la exposición razonada, ya que son “la base del escrito” de la Fiscalía.
La urgencia con la que Pedreira pide al Supremo que se declare competente y llame a declarar como imputados a los parlamentarios del PP se justifica, según la nota del tribunal madrileño, “para evitar la posible prescripción del delito fiscal” que se imputa a Bárcenas, que dejaría de ser perseguible a finales de este mes.
El magistrado considera que el Alto Tribunal debe hacerse cargo de todo el caso, y no sólo de la parte que afecta a Bárcenas, Merino y Galeote, “para mantener la unidad del procedimiento y para evitar la ruptura de la causa”.
Aunque el TSJM no ha concretado los supuestos delitos en los que podría haber incurrido el eurodiputado Gerardo Galeote, el primer instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, consideró que éste habría percibido 652.310 euros de la trama de corrupción supuestamente liderada por Francisco Correa.
Garzón también cifró en 1.353.000 euros la cantidad presuntamente recibida por Bárcenas a cambio de adjudicar contratos a las empresas de Correa, mientras que se estima que Merino pudo obtener de la trama unos 230.000 euros.
Una vez que reciba la exposición razonada, el Supremo tendrá que comprobar que las personas inculpadas son aforadas, lo que, según fuentes del Alto Tribunal, podría venir acreditado ya por el TSJM.
En caso contrario, es el secretario de gobierno del TS, Julián Pedro González, quien tiene que informar sobre tal aforamiento a la sala de admisión de causas especiales de la sala de lo penal del Supremo.
Tras ser registrada la exposición razonada, la sala dictará una providencia en la que nombrará al ponente de este asunto y dará traslado a la Fiscalía para que informe sobre competencia y contenido, para lo que no hay un plazo de tiempo establecido.
Dicha sala de admisión está integrada por el presidente de la sala de lo penal del TS, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero, pero, según las mismas fuentes, está previsto que se amplíe a cinco magistrados.
Posteriormente, una vez que reciba el informe del fiscal, el TS dictará un auto en el que decidirá si admite o no la causa y, en caso positivo, nombrará a un magistrado instructor del caso.
