El plan, presentado ayer en una rueda de prensa por Joan Herrera (ICV) y Gaspar Llamazares (IU), recuerda que la electricidad que se consume en España procede de las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas (31,8 por ciento), del carbón (16%), las nucleares (20%), la energía eólica (10%), la hidráulica (7,5%) y de otras alternativas como la biomasa (12,4%).
Para no reducir el suministro ni perjudicar la competitividad económica, el plan plantea que durante cinco años los ingresos que generan las centrales amortizadas (las que han funcionado durante 30 años) se dediquen al impulso de las renovables (15%), a la seguridad de las centrales en activo (20%), a la dinamización de las áreas cuyas centrales vayan cerrando (15%) y a las eléctricas que las gestionan (15%).
El Plan, que ya ha sido entregado al presidente del Gobierno, aconseja al Ejecutivo pactar las condiciones con los parlamentarios, las eléctricas propietarias de las centrales y con los representantes de las autonomías en las que se ubican las plantas españolas.
Por su parte, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) recurrirá ante los tribunales cualquier decisión del Gobierno que no sea ampliar el funcionamiento de la central nuclear de Garoña (Burgos) por diez años más y reclamará el resarcimiento del perjuicio económico causado.
Ésta es una de las decisiones adoptadas por la AMAC en una Asamblea extraordinaria celebrada ayer, según ha informado el gerente de la asociación, Mariano Vila, quien señaló que una eventual decisión de cierre de Garoña “podría no ser ajustada a ley”.
En una rueda de prensa, Vila explicó que se está estudiando el tema jurídicamente para fundamentar la impugnación, pero ha adelantado que se trataría de un recurso por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo tomará la decisión sobre la continuidad de la central nuclear de Garoña “teniendo en cuenta los criterios de seguridad y viabilidad y atendiendo a nuestros compromisos electorales”.
De la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que el Gobierno ha solicitado algunas aclaraciones al CSN para que aporte información sobre las medidas que se deberían adoptar en el supuesto de que la decisión fuera ampliar la operatividad de la central por dos, cuatro o seis años.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tratará en la reunión del próximo lunes sobre la petición del Ministerio de Industria de hacer informes sobre la renovación de la licencia de explotación de la central de Garoña durante 2, 4 ó 6 años.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha pedido más información al CSN y le ha solicitado que realice informes preceptivos para la renovación de la autorización de la explotación de la central “para un periodo de dos, cuatro o seis años”.
