El Gobierno de Nicaragua y una alianza opositora acordaron este miércoles liberar en un plazo máximo de 90 días a los manifestantes detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega, y discutir de inmediato una reforma del sistema electoral.

"Las partes acuerdan desarrollar a lo inmediato y de manera simultánea los temas de liberación de todas las personas presas y detenidas, y de la democracia y reformas electorales", según el acuerdo leído por el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, que actúa como testigo y acompañante internacional de ese proceso.

Durante una comparecencia de prensa en presencia del pleno de los negociadores, las partes también anunciaron que convinieron una agenda de negociación que será desarrollada con amplitud en la mesa de conversaciones.

El primero de los puntos de la agenda es fortalecer la democracia y reformas electorales para la celebración de procesos electorales.

Además, fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, y la liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018.

El cuarto punto es referido al tema de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Los otros puntos de agenda serán los mecanismos de implementación de los acuerdos, y realizar las gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos.

En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se pedirá a la comunidad internacional suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.

Durante la lectura de la agenda común estuvo presente el delegado de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, quien participa en calidad de invitado.

Las negociaciones, que se desarrollan en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en el sur de Managua, avanzaban hasta ahora sin resultados concretos, en medio de la desconfianza y recriminaciones mutuas.

Durante la jornada, el sector agropecuario de Nicaragua urgió al Gobierno de Daniel Ortega a llegar a acuerdos con la oposición para evitar el colapso de la producción agrícola.

"El Gobierno está desbaratando lo que teníamos en el tema económico (...), el problema de Nicaragua es sociopolítico, mientras no tengamos un acuerdo para hacer justicia (...) elecciones libres, adelantadas, esto no va a poder detenerse", dijo el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, en conferencia de prensa.

El sector agropecuario considera que las medidas económicas implementadas por el Gobierno, adicionales a las decisiones políticas adoptadas desde 2018, podrían causar la suspensión del ciclo agrícola anual, que se inicia dentro de un mes, y en consecuencia un estallido social peor que el de abril pasado.

En tanto, los depósitos en la banca comercial de Nicaragua han caído un 29,5 % como consecuencia de la crisis sociopolítica, según un informe de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

A 31 de marzo de 2018, los depósitos en el sistema financiero nacional ascendían a 5.495 millones de dólares, y al 31 de enero pasado cerraron en 3.876 millones de dólares, precisó el Funides.

Esa ONG advirtió de que la contracción del producto interior bruto (PIB) de Nicaragua este año, calculado en al menos un 7,3 %, incidirá a la baja en el número de asegurados en un 10,2 % adicional.

El PIB de Nicaragua se contrajo un 4 % el año pasado y la previsión para 2019 es de otra contracción de entre el 7,3 y el 10,9 %, según el Funides, un centro de pensamiento independiente.

El Gobierno de Ortega proyecta un decrecimiento del 1,01 % este año, según datos oficiales.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.