La sublevación policial desata la peor crisis en la era de Morales

La sublevación de la Policía en gran parte de Bolivia desató este viernes la peor crisis en los más de trece años de Evo Morales en el poder, dejando al mandatario cada vez más acorralado frente a los intentos para que renuncie.

La Policía Boliviana pasó de estar cuestionada por no actuar ante la convulsión por la que atraviesa el país tras las elecciones del 20 de octubre, a ponerse al lado del pueblo como le rogaba buena parte de la sociedad boliviana.

El Gobierno de Morales asegura que los militares tienen orden de no intervenir en este momento y reitera sus denuncias de que se trata de un intento de golpe de Estado desde la oposición y los comités cívicos, que quieran acabar con el mandatario con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia.

ESTALLAN LOS MOTINES

Una unidad de intervenciones especiales fue la primera a media tarde hora local en amotinarse en Cochabamba, una ciudad del centro del país que en los últimos días sufrió especialmente la ola de violencia desencadenada tras las elecciones, con un muerto y cerca de cien heridos.

Le siguieron Sucre, la capital constitucional del país, Santa Cruz, la mayor ciudad boliviana, y la mayoría de las regiones, desde la zona andina a la amazónica.

En la Paz, sede del Gobierno y donde está el mando de la Policía Boliviana, no hubo carteles en las comisarías con la palabra "motín" como en otras partes del país, pero grupos de policías marcharon por las calles hacia sus cuarteles rodeados de manifestantes que les jaleaban.

Era la primera noche desde hace tres días que no hubo choques entre manifestantes y policías junto a la sede del Ejecutivo.

El MENSAJE DE MORALES

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, fue el primer miembro del Gobierno en comparecer, ya entrada la noche, para intentar tranquilizar a la población asegurando que no se iba a sacar a los militares a las calles.

El presidente del país es a la vez el jefe supremo del Ejército y por momentos hubo el temor de que movilizara a las Fuerzas Armadas.

Morales horas después envió un par de mensajes en Twitter para llamar a los bolivianos a defender la democracia, reiterando sus denuncias de un intento de golpe de Estado, algo de lo que lleva alertando desde que al día siguiente de la votación la oposición le acusó de fraude.

"Nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional", escribió en la red social.

Culpar a la derecha opositora de golpe de Estado es algo recurrente por parte de Morales desde que llegó al poder en 2006 y le surgen crisis de alcance, como la que tuvo que encarar en 2008 por una corriente autonomista en el oriente del país.

La crisis de entonces involucró a una parte de Bolivia y fue superada, ahora se extiende por el conjunto del país sin que se vea una salida al menos a corto plazo.

LA REACCIÓN DE LA CALLE

Miles de bolivianos a lo largo del país se concentraron frente a comisarías policiales y cuarteles militares.

Al grito de "policía, amigo, el pueblo está contigo", se pusieron al lado de los amotinados e invitaron sin éxito a los militares a unirse también.

El líder cívico Luis Fernando Camacho, erigido en la voz de la oposición en detrimento del expresidente Carlos Mesa, había llamado a la movilización pacífica frente a comisarías y cuarteles.

Las concentraciones fueron pacíficas y solo se reportaron brotes de violencia como unos ataques en Cochabamba a una sede del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, sin que hubiera constancia de víctimas.

Varias columnas de detractores del mandatario se dirigen desde distintas partes de Bolivia hacia La Paz, donde se espera que se unan este sábado a los comités cívicos aglutinados en torno a Camacho para intentar el derrocamiento de Evo Morales.

Las marchas se esperan multitudinarias, en una nueva jornada de protestas en la crisis que arrastra el país desde que la cita con las urnas desembocada en la proclamación de Morales como vencedor para su cuarto mandato consecutivo por parte de un órgano electoral al que la oposición acusa de haber manipulado el recuento de votos.