Hace escasas semanas decía desde este mismo espacio que “los números cantan”, al hablar de los datos oficiales, proporcionados por el Ministerio de Hacienda, sobre el montante real de la deuda “cuantificable” del Ayuntamiento de Los Barrios, que ponen de manifiesto, una vez más, la pésima gestión de Jorge Romero al frente del Consistorio barreño. Una gestión que –sin exagerar una pizca– puede calificarse de nefasta y catastrófica, utilizando dos adjetivos que, además de apropiados, son muy del gusto del anterior alcalde exandalucista y han sido bastante recurrentes en su vocabulario durante su ya –por suerte– finiquitada carrera política.
Pues sí, en efecto, los números cantan, y los informes del máximo organismo público auditor de la comunidad autónoma andaluza referidos a dicha gestión también. Lo pudimos constatar la pasada semana. Después de una exhaustiva revisión, la Cámara de Cuentas de Andalucía deja en muy mal lugar la actividad económico-financiera, en diferentes áreas, llevada a cabo en el Ayuntamiento de Los Barrios bajo el mandato del susodicho, señalando un sinfín de irregularidades administrativas, algunas de tal calado que incluso podrían ser consideradas como infracciones graves de la legalidad vigente. Es verdad que dicho informe corresponde solo al ejercicio del año 2015, pero sirve para que nos hagamos una idea, no muy halagüeña, de las conclusiones que se podrían extraer respecto de los ejercicios restantes, si se examinan con igual detenimiento.
Quienes llegaron a la alcaldía de Los Barrios en 2011 dando lecciones, y se han pasado ocho años sermoneando a la oposición sobre cómo se debe administrar lo que es de todos, se han llevado otro zasca, y en plena boca. Por muchas milongas que cuenten a través de los medios, haciendo gala de su maestría –justo es reconocerlo– para darle siempre la vuelta a la tortilla, convertir lo negro en blanco, echar balones fuera, culpar a otros o, simplemente, mirar para otro lado, con un cinismo tan cargado de naturalidad que causa hasta pasmo.
No solo incurrieron en gastos no presupuestados y sin respetar los cauces establecidos, abusaron de los pagos a justificar y los pagos pendientes de aplicación o se falseó el remanente de tesorería, sino que se reconocieron obligaciones por más de 40 millones de euros que ni siquiera tuvieron un reflejo presupuestario ni contable previo, se formalizaron créditos sin la pertinente autorización del gobierno de la Junta y se dejaron de contabilizar en el pasivo casi 20 millones de euros para cubrir responsabilidades derivadas de sentencias judiciales por diferentes litigios.
Un modo de proceder que no sorprende viniendo de quienes organizaron algunas de las últimas ediciones de las ferias patronales con una especie de simulacro de “caja B” y casi sin fiscalización de la intervención municipal. O más de un festejo popular haciendo dejación de funciones, trasladando sus responsabilidades a terceros y –¡encima!– ¡¡¡incluso presumiendo de ello!!!
En definitiva, otra chapuza….
