Cuando Jesús Padilla contaba solo nueve meses de vida, el pediatra le comunicó a sus padres que no podría caminar nunca a causa de la poliomielitis. Cuarenta y siete años después, Jesús Padilla no solo anda sino que también ayuda a hacerlo a otras personas con algún tipo de discapacidad. Fisioterapeuta desde 2005 en las instalaciones de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u orgánica (Fegadi) en La Línea de la Concepción, atiende a 36 usuarios gravemente afectados.
“Estoy en continuo contacto con ellos para sacar el máximo partido a sus capacidades”, explica. Siempre tiene presente el recuerdo de las dificultades por la que atravesó. “Eran otros tiempos”, dice. El miedo, los complejos y la falta de ayuda le llevaron, por ejemplo, a aprender a nadar bien superada la veintena. Por eso cumple su tarea con esmero. “No es una cuestión meramente técnica, sino también muy humana”, añade.
Luis Rodríguez, roteño de 52 años de edad, residente, da fe de ello. “Aquí estoy bien cuidado”, asegura, satisfecho. Ingresó hace unos seis meses, poco después de que muriera su hermano, que era la persona que le ayudaba en sus quehaceres diarios porque, también por culpa de la poliomielitis, es gran dependiente, con un 81% de discapacidad.
“Aquí tenemos más recursos que en casa”, apunta, por su parte, Teresa, cuyo marido, de 65 años con Parkinson desde los 50, ocupa una plaza en las mismas dependencias desde septiembre. “Con el Covid, las dos personas encargadas de asistirle en casa, dejaron de hacerlo. Trabajo y no puedo ocuparme sola”, relata. “Sin el centro no tendríamos otra alternativa”, remarca, sin ocultar su preocupación por la delicada situación que atraviesa Fegadi, como el resto de organizaciones que atienden a personas con discapacidad.
“En enero tendremos que afrontar una subida salarial estipulada en el convenio colectivo más el IPC”, advierte Francisco José Márquez, presidente de Fegadi, a lo que hay que sumar los gastos de luz y suministros, con unos precios disparatados por la crisis provocada por el confinamiento. Sin embargo, el Gobierno andaluz solo ha aumentado un 2,6% el coste-plaza.
“Cómo vamos a pagar las nóminas”, se pregunta Márquez, si no hay un compromiso mayor por parte de la Administración autonómica. Fegadi está presente en Puerto Real y en Espera, además de en La Línea de la Concepción y cuenta con una plantilla cercana al centenar que atiende, en total, en torno a los 150 usuarios.
“Si comparas el gasto por cada residente en una plaza de titularidad pública con el de una concertada, es tres veces mayor; salimos muy baratos”, subraya. “Somos el vehículo para atender a personas vulnerables, la Administración no tiene capacidad para hacerlo directamente”, sostiene para reclamar al Gobierno de Juanma Moreno que rectifique.
Ana María Pérez, presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca) suscribe los argumentos de Francis Márzquez. Con 90 usuarios entre Cádiz y Chiclana, confía en que haya un acuerdo para no tener que recortar su plantilla de 66 empleados y poder mantener una atención de la mayor calidad posible.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi) no tira la toalla y mantiene abierta la negociación con la Junta, pero inició este jueves las primeras concentraciones de protesta para reivindicar una mejor financiación y demandar un acuerdo.
La presidenta de la entidad, Marta Castillo, recuerda que este problema no es nuevo, sino que se arrastra desde hace una década; ahora se ha sumado el impacto de la pandemia, “que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario a las organizaciones para sufragar los gastos extraordinarios provocados por la crisis del Covid”, la actualización salarial y la inflación.
“No se cubren gastos y es imposible sostener los servicios y tratamientos especiales para el bienestar de las personas con discapacidad y dignificar a los profesionales que lo prestan”, agrega. Si no se alcanza un acuerdo, Castillo teme que muchos centros tengan que cerrar a medio y largo plazo.
Unos 600 centros, con 1.400 empleados para 12.500 usuarios en Andalucía
En Andalucía, hay 600 centros que atienden a las personas con discapacidad cuentan con unos 1.400 trabajadores en total. La mayoría de las plantillas está conformada por mujeres y profesionales especialistas en el tratamiento de estas personas, según los datos facilitados por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la comunidad. Además, estas instalaciones atienden a más de 12.500 personas con algún tipo de discapacidad y sus servicios y tratamientos especiales benefician a más de 30.000 familias.
