La Fiscalía Provincial de Granada ha incoado un total de 24 diligencias por procedimientos relacionados con la suscripción de participaciones preferentes tras recibir las correspondientes denuncias y ha sobreseído ya tres de ellas "por falta de indicios para proseguir", aunque sin perjuicio "ni de su reapertura con posterioridad una vez existiesen en su caso méritos para ello, ni del derecho de los reclamantes a acudir en su demanda ante otras instancias".

   Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, las 21 restantes se encuentran en estado de investigación preliminar para determinar si existió "mala praxis" en estos casos, de acuerdo con el decreto dictado por la Fiscalía Superior de Andalucía el pasado 15 de enero de la investigación policial realizada sobre un total de 300 expedientes en la comunidad. La Fiscalía deberá analizar ahora cada uno de los casos para determinar si procede formular denuncia. 

   El decreto dictado por la Fiscalía Superior de Andalucía se deriva de las conclusiones de la instrucción de la Policía Judicial, que, tras el análisis de 300 denuncias que habrían perjudicado a unas 67 personas, apunta a que ha existido una "mala praxis generalizada" que habría consistido en "no observar escrupulosamente las directrices comunitarias" en esta materia, en la "vulneración" de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores y en el "incumplimiento" de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

   En los casos más graves, señala que se habría producido, asimismo, la "utilización del engaño" respecto de la naturaleza del producto, "su carácter perpetuo y la facilidad de colocación en el mercado secundario, no siendo descartable, incluso, en algún supuesto, la utilización de los fondos existentes en libretas de ahorro o imposiciones a plazo para la suscripción del citado producto, sin el consentimiento del titular".

   Dada la "panoplia de irregularidades", la Fiscalía Superior apuesta por que en la mayoría de los casos es posible una "acción de nulidad" de los contratos e indica que "la inmensa mayoría" de las denuncias formuladas podrían prosperar convenientemente reconducidas a esta vía de resolución contractual por defecto total o vicio de consentimiento.

   El decreto recomienda a las secciones provinciales consultar a la Fiscalía Superior "cuantas dudas puedan asaltarles" y, en todo caso, dando cuenta de las vicisitudes procesales, y poniendo en su conocimiento la resolución que en cada caso se adopte, a los efectos del control y la unidad de actuación del fiscal superior de Andalucía.

   El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.