El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha registrado una iniciativa para que sea debatida en el próximo pleno, en la que preguntará al gobierno local "si tiene intención de cumplir el decreto sobre vivienda de la Junta de Andalucía que habilita a los ayuntamientos a penalizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas en manos de bancos, entidades financieras y grandes inmobiliarias y propietarios".
Según ha explicado Puentedura en rueda de prensa, el decreto 6/2013 aprobado por la Junta de Andalucía "de medidas para garantizar la función social de la vivienda" hecho para frenar los desahucios en la comunidad autónoma "establece en su artículo 39.2 la posibilidad de que los ayuntamientos andaluces puedan aplicar la penalización de hasta un 50 por ciento en el IBI a las viviendas desocupadas según establece también el artículo 72 de la Ley de Haciendas locales".
Esto es posible, según ha indicado, porque este decreto establece una norma por la que se definen que viviendas son las que se consideran desocupadas y por tanto permite aplicar esta norma, explica el portavoz de IU, quien pide al Ayuntamiento "que modifique la ordenanza fiscal del IBI para aplicar esta medida a viviendas vacías y por tanto cumplir con el decreto de la Junta y incentivar que las viviendas desocupadas se pongan en alquiler social".
Puentedura ha recordado que, según los datos del Plan Municipal de Vivienda, en la ciudad de Granada hay 15.000 viviendas vacías, "y de ellas la inmensa mayoría están en manos de entidades financieras y grandes propietarios y promotores inmobiliarios" por lo que "esta penalización del IBI afectará a quienes acumulan viviendas para especular o a quienes se han lucrado, caso de la entidades financieras, con los desahucios como consecuencia de una ley hipotecaria injusta y criminal".
Es por ello que el Grupo Municipal de Izquierda Unida pide al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y su equipo de gobierno que "no mire para otro lado y aplique un decreto que está pensado para frenar el abuso que cometen quienes acumulan viviendas para la especulación" y para hacer posible esta medida exige que el Ayuntamiento "elabore un censo de viviendas vacías". Además el edil de la formación de izquierdas ha dicho que esta penalización "sólo afectará a personas jurídicas, es decir a entidades financieras y grandes propietarios e inmobiliarias no a particulares".
Según un estudio económico hecho por Izquierda Unida, "si esta medida se aplicase a las miles de viviendas, las que actualmente están en condiciones de ser habitadas y están en manos de entidades financieras, en el primer año se podrían recaudar alrededor de unos dos millones de euros". Puentedura propone que este dinero "se destine a un plan municipal para fomentar el alquiler social, y que este alquiler no supere el 25 por ciento de los ingresos familiares y al realojo y atención de las familias que han sufrido un desahucio o están en situación de ejecución hipotecaria".
