Un grupo de cuatro trabajadores de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha remitido una denuncia al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, por un posible delito continuado de malversación de caudales públicos y de otro de apropiación indebida, porque, según aseguran, no recibieron los aumentos salariales acordados para la resolución de la huelga de basuras de Granada en 2005.
La denuncia, que se presentó a finales del mes de septiembre, recoge lo publicado en los medios de comunicación acerca del conflicto, concretamente la concesión irregular de unos fondos por parte de la Junta de Andalucía para el pago de una equiparación salarial a los trabajadores de las empresas FCC y CESPA S.A. a fin de que se desconvocase la huelga.
Para el abono de esas cuantías, por orden del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, la Junta de Andalucía entregaría a FCC la cantidad de 452.000 euros y a CESPA igual importe con el fin de que cada empresa abonase a sus trabajadores la totalidad de los aumentos lineales pactados según el convenio provincial, un acuerdo que se firmó entre todos los implicados el 10 de junio de 2005, en la Delegación Provincial de Empleo de Granada.
Según los denunciantes, que forman parte del comité de empresa como miembros independientes (del sindicato CCOO), muchos de los trabajadores no han percibido cantidad alguna y otros de manera parcial. Uno de los trabajadores que denuncian, que era entonces el presidente del comité de empresa, asegura que él sí ha cobrado pero que solicitó a los responsables de su sindicato el listado de empleados que se entregó a Guerrero para proveer los fondos y que no se lo entregaron.
Así, presuntamente los 452.000 euros que percibió FCC de la Junta de Andalucía no habrían ido a parar a los aumentos salariales de los empleados. De hecho, se calcula que al menos una veintena de ellos o bien han cobrado parte de los importes o no han cobrado nada en absoluto, entre ellos del servicio de limpieza de Atarfe, del de Churriana de la Vega, de la provincia de Granada, de Santa Fe, o de las oficinas, sede de la sociedad.
Por ello, los trabajadores, representados por el abogado Félix Ángel Martín García, piden a la juez Mercedes Alaya que admita su denuncia por si los hechos fuesen constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos así como de apropiación indebida.
Solicitan que se recabe el testimonio directo de los denunciantes, así como de la empresa la documentación acreditativa de la plantilla existente durante la vigencia del acuerdo y duración del mismo, y se reciba declaración a los trabajadores posiblemente afectados y a cuantos asimismo resulten de la investigación que se solicita sirviéndose en su caso reclamar en su beneficio lo no abonado.
