La Fiscalía de Granada ha solicitado cuatro años de cárcel para el dueño de una empresa que nunca desarrolló ningún trabajo y para cada uno de los diez acusados de haber simulado ser sus trabajadores, con contratos ficticios y destinados al cobro de prestaciones por un valor de 100.000 euros.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, el principal acusado, José Manuel G.G. fundó una empresa en abril de 2010, para dedicarla a servicios de pintura y acristalamiento con tres domicilios empresariales en Granada y un cuarto en Ciudad Real.

La investigación, que desarrolló la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef), comenzó por el requerimiento de la Tesorería General, la Agencia Tributaria, Fogasa y el Servicio Estatal de Empleo, entre otras administraciones que constataron irregularidades en la empresa de José Manuel.

Este acusado figuraba como empleador titular, lo que utilizó para dar de alta como supuestos trabajadores a una veintena de personas, contratos con "apariencia de realidad" simulada según la Fiscalía para luego dar de baja esos puestos y que los afectados cobraran prestaciones, ayudas y subsidios públicos.

La Fiscalía ha considerado que José Manuel había convenido con cada uno de los otros diez acusados fingir que existía una relación laboral, por la que emitió certificaciones de empresa y luego dio de baja los contratos con la firma de finiquitos que tampoco pagó.

De esta forma, los otros diez acusados lograron cantidades de entre 1.534 y 8.561 euros por subsidios y prestaciones contributivas.

Además, el dueño de la empresa generó una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 52.000 euros, ya que nunca pagó la cotización de sus trabajadores ficticios, pese a lo que generó para ellos derechos pasivos.

La Fiscalía ha fijado en casi 100.000 euros el "quebranto" ocasionado por las deudas públicas y las prestaciones generadas por esta red de contratos falsos.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como un delito continuado de falsificación de documento oficial en concurso con otro también continuado de estafa en su modalidad especial, por el que ha solicitado para los once acusados una condena a cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 4.050 euros.

De manera alternativa ha estimado un delito contra la Seguridad Social que supondría penas de dos años de cárcel, la privación de disfrutar de ayudas o subvenciones y el pago de las costas.

Los once acusados serán juzgados por estos hechos en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, en dos sesiones que comenzarán el próximo 17 de enero.