El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha condenado a la Diputación de Granada al pago de 96.573 euros a una empresa por trabajos de obra civil en una rotonda en Alhendín, en el área metropolitana granadina.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, hace referencia a un informe de la Diputación de octubre de 2015, y que "contiene una relación de partidas con el visto bueno del técnico" sobre unas obras que se ejecutaron en los meses de abril y mayo de ese mismo año, cuando aún gobernaba el PP en la institución provincial.

Al hilo del recurso contra "el acto presunto" de la Diputación, con gobierno del PSOE desde julio de 2015, desestimando la petición de reclamación efectuada por la empresa en fecha 17 de octubre de 2018 por 96.573 euros más intereses, la juez ha considerado que consta en el expediente un informe técnico de la Oficina de Supervisión de Proyectos.

En el mismo "se valora en menor importe la obra ejecutada", pero "el director de obra, que era quien recibía los partes de obra, ha relacionado las partidas y ha firmado el visto bueno, por lo que ha de prevalecer el informe de quien también es técnico de la Administración".

De fecha 20 de enero de 2020, la sentencia, de la que se dio cuenta en el último Pleno de la Diputación, afecta a la realización de unas obras de construcción de una rotonda en Alhendín, en concreto en el enlace con la A-44, en el punto kilométrico 137, con cargo a un contrato de conservación extraordinaria de las carreteras provinciales.

Alude a que, tras cuatro primeras certificaciones de distintas obras, en fecha 30 de septiembre de 2015, se le notificaba a la empresa, "cuando ya se habían finalizado" los trabajos, a que procediera a "anular" las dos últimas por "temas administrativos".

También que "se emitan nuevas" con sus correspondientes facturas "con fecha 5 de octubre de 2015", indicando para ser "abonadas por el sistema de reconocimiento extrajudicial", labores de obra civil en la rotonda de Alhendín por importe de 96.573 euros, y otra correspondiente al mes de julio por importe de 47.306 euros, la cual fue abonada.

Con la otra, "se ha podido observar que, en régimen interno, la Diputación no abona la factura reclamada por entender que la misma está fuera del contrato de obra suscrito en su día".

Se opuso por parte de la Administración provincial, según consta también en la sentencia, que el demandante "era conocedor de que el promotor de la obra era el Ayuntamiento de Alhendín", si bien, agrega, "este hecho no ha quedado acreditado, toda vez que, según consta, los partes de trabajo eran remitidos a la Diputación".

Por lo contrario, "no se ha acreditado que, durante su desarrollo, la Administración indicara que no se le enviaran más partes de trabajo, toda vez que la obra ejecutada no se correspondía con la que constituía el objeto del contrato suscrito con la Diputación. Es más, el propio director de obra consideraba que dichas obras formaban parte del contrato suscrito entre el recurrente y la Diputación".

También se refiere a un proceso de similares características por el que una empresa que también había participado en las obras de esta rotonda consiguió dictamen favorable a que se le abonara una factura después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revocara una primera sentencia sobre el tema del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Granada.

VALORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

El vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, ha reconocido, consultado por Europa Press, que la sentencia obliga a "pagar" a la institución, que no presentará recurso, al no ser "viable".

"Aunque se invirtieron fondos de Diputación fuera de sus competencias, fuera de cualquier procedimiento de contratación (por tanto incumpliendo la normativa de contratos en vigor)", la obra "se hizo", ha agregado Villegas, en referencia al mandato en que el PP gobernó la institución provincial.

El diputado ha resaltado que los trabajos se hicieron "por encargo" de la "Diputación del PP" para "sacar ventaja política" en Alhendín, y que "no pagar la obra supondría un perjuicio injustificado para las empresas que la ejecutaron", ha señalado.