Vecinos de La Indiana se han organizado en la Plataforma La Indiana por la Conservación del Entorno (PICE) para oponerse a la instalación de un centro de gestión de residuos y vertedero en la zona.

Tras el anuncio de información pública del proyecto, que ocupará casi siete hectáreas de suelo rústico de protección integral, la recién constituida plataforma ciudadana ha manifestado en un comunicado la alarma que existe entre los vecinos de la zona, algunos de los cuales comparecieron en el Pleno de abril para hacer llegar su preocupación a la Corporación Municipal.

Como explican los integrantes de la plataforma en nota de prensa, tras la celebración del Pleno la alcaldesa, María de la Paz Fernández, aceptó reunirse con los afectados, encuentro que se celebró el 16 de mayo con la asistencia de alrededor de 80 vecinos y afectados, en el que la alcaldesa les informó de que el proyecto había recibido “más de 70 alegaciones en contra, la gran mayoría por parte de los vecinos de la zona y los más afectados por el proyecto, ya que sus viviendas estarán a escasos metros de las instalaciones proyectadas”, apuntan desde el colectivo vecinal.

Así, insisten en que “la alcaldesa recalcó que se trata de una iniciativa privada y que, por tanto, el Ayuntamiento no puede negarse a tramitar la solicitud, aunque compartió con los asistentes su opinión personal”, asegurando, según el colectivo, que la alcaldesa manifestó que, a su juicio, no era el lugar idóneo, reconociendo también que la zona elegida es especialmente sensible, ya que el proyecto ocupará siete hectáreas encorsetadas entre la vía pecuaria Cañada Real del Campo de Gibraltar y la zona de especial conservación Río Guadalevín.

La Plataforma indicó también que “la alcaldesa explicó que de las alegaciones recibidas solo se tendrían en cuenta las relacionadas con aspectos “urbanísticos” advirtiendo que las alegaciones relacionadas con el medio ambiente “probablemente no pueden ser aceptadas”. Explicó que existe otro procedimiento, de evaluación ambiental, para alegaciones ambientales y que los vecinos deberían volver a remitir sus alegaciones en aquel procedimiento”, algo que, asegura el colectivo, “provocó cierta inquietud entre los asistentes y en consecuencia la plataforma ha hecho llegar a la alcaldesa una carta solicitando aclaración sobre este punto”.

Finalmente, la Plataforma está diseñando un programa de actuaciones “para informar a la ciudadanía en general sobre el impacto negativo que supondría el proyecto -muy mal planteado desde su punto de vista en cuanto a la selección del emplazamiento-”.