Aunque las dimensiones que iba a adquirir la crisis económica en este año no estaban en ninguna previsión, lo cierto es que la contumaz realidad ha llevado a Andalucía a recuperar índices de paro de hace quince años y niveles de destrucción empresarial que auguran un peor 2009. Las medidas que se han puesto en marcha aún no han tenido incidencia visible en la economía real andaluza y ha sido uno de los temas centrales del debate político en un año en el que Manuel Chaves consiguió revalidar la mayoría absoluta para los socialistas (con 56 escaños) aunque con un recorte importante del PP (47 escaños) y el mantenimiento de IU (6 diputados). Las elecciones hicieron posible que Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU) volvieran a ocupar escaño en el Parlamento andaluz que, sin embargo, se quedó sin representación andalucista por primera vez en la historia del parlamentarismo andaluz. El descalabro electoral de Coalición Andalucista provocó la salida de Julián Álvarez al frente del PA y su sustitución por la ex portavoz parlamentaria Pilar González, con el alcalde de Utrera Francisco Jiménez como vicesecretario de la formación.
Pero la política también se ha visto envuelta por procedimientos judiciales. A los ya conocidos procesos judiciales que rodean Marbella (el caso Malaya continúa con su instrucción; Juan Antonio Roca ha salido y entrado en prisión de nuevo por otros procesos pendientes, al igual que Julián Muñoz y otros implicados en la causa) se han unido otros escándalos urbanísticos, siendo el más llamativo el de Antonio Barrientos (PSOE), que tuvo que renunciar a la Alcaldía de Estepona y ha pasado seis meses en prisión, sin que se haya llegado a disolver el Ayuntamiento, como ocurrió con Marbella.
Sin embargo, la justicia ha sido noticia por un caso muy especial y que ha removido los cimientos de un sistema judicial que adolece de medios en todos sus aspectos y en el que pocas responsabilidades se han asumido, abriendo un auténtico debate entre políticos, jueces, funcionarios y sociedad en el que la única que ha salido perdiendo ha sido Mari Luz, la pequeña niña de Huelva que desapareció en el humilde barrio de El Torrejón y cuya muerte se atribuye a Santiago del Valle, un pederasta que ya acumula tres sentencias firmes por abusos sexuales a menores, entre ellas, una contra su propia hija y cuyo ingreso en prisión tardó más de dos años en ejecutarse. La sentencia se ejecutaría pocos días antes de la detención de Del Valle como presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés.
La movilización que protagonizó la familia de Mari Luz y la entereza de su padre, Juan José Cortés, buscando a su hija, dieron paso a la indignación tras la aparición del cadáver de la niña, cuando se conoció que el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla debía haber ejecutado la sentencia para que Del Valle estuviera en prisión. Sus millones de firmas sólo se han visto compensadas en parte con un endurecimiento de las penas para los pederastas, pero la familia de Mari Luz sólo ha visto cómo le imponen una multa de 1.500 euros al juez titular y una suspensión de dos años a la secretaria judicial.
