Las espadas están en alto en la inmensa mayoría de los municipios del litoral andaluz, bien por parte de los gobiernos o de la oposición, aunque sería más fácil explicar que los que las han desenvainado son todos aquellos que no son ni del PSOE ni mucho menos, de Izquierdo Unida.
No es nuevo este tema en este espacio editorial porque ha activado todas las alarmas desde el mismo momento en que se esbozó, y si bien por parte del Partido Popular se ha consolidado un frente común contra el Decreto de la Junta que pretende proteger hasta los 500 metros tierra adentro todo el litoral andaluz, el problema va por barrios porque bien es cierto que algunos municipios que hacen causa común con los más afectados ya han hecho de su capa un sayo en los últimos treinta años y bien poco les afectan las medidas que se quieran imponer ahora.
Pero el caso de San Fernando es distinto y sin duda alguna el paradigma de todo el daño que puede hacer la decisión de la Junta al desarrollo de una ciudad que no tiene por donde desarrollarse.
El hecho de que apenas un 8 por ciento del término municipal no se vea afectado por una aplicación extremadamente rigurosa del Decreto ya pone enfermo a cualquiera y por más que se presuma que el sentido común va a amortiguar la letra de la norma, nadie olvida que es posible aplicarla a rajatabla y por ende, encontrarse con desagradables sorpresas que posiblemente ni el propio Decreto preveía.
Va a haber, pues, una lucha política en el Parlamento y puede que también en la calle, pero se antoja que lo único bueno que debería ocurrir es que la Junta sea consciente de la singularidad de San Fernando y la reconozca por escrito, si es posible ante notario, para tranquilidad de todos.
