El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, consideró ayer “alarmantes” y de una “gravedad extrema” las conclusiones del informe de la Intervención General de la Junta sobre la gestión de los cursos de formación tramitados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre los años 2009 y 2012.
Sanz entiende que el informe pone de manifiesto que la Administración autonómica “no cumplió con la legislación que le es aplicable”, algo que es “de obligado cumplimiento para un gestor público. Asimismo, recordó que en este informe se pone de manifiesto “la falta de control existente por parte del SAE en la provincia de Cádiz en cuanto a la gestión de determinados cursos de formación”.
A juicio del dirigente popular, todo esto “es un claro ejemplo y demuestra la falta de control de los fondos públicos por parte del PSOE”, calificando de “lamentable” que se haya permitido “un robo masivo del dinero de los parados andaluces, como ya ocurriera en el caso de los ERE”.
Además, Sanz incidió en que este “escándalo” de la formación se ha convertido ya “en el mayor escándalo de la autonomía andaluza, superando con creces a los ERE”.
Finalmente, el presidente del PP de Cádiz acusó a los socialistas de “convertir en un caos y un fraude la gestión de los recursos para el empleo”, reiterando que el PSOE “no puede permanecer más tiempo escondido ante lo que ha sido un fraude generalizado del dinero de los parados andaluces”.
Una actuación garantista
La lectura que hace la Junta de Andalucía de estos hechos es bien distinta. Así, la Delegación del Gobierno en Cádiz sostiene que la elaboración de este tipo de informes “evidencia la exhaustiva y rigurosa revisión que se hace de cada uno de los expedientes en la Administración autonómica”, que se convierte de este modo en “la primera garantista ante este tipo de procedimientos, siendo sus informes más exhaustivos y rigurosos que los de las propias auditorías”.
Así, la Junta defiende que el análisis y comprobación de expedientes “es un procedimiento habitual en la administración precisamente para garantizar y asegurar que todos los trámites son los correctos, que no falta documentación y que se encuentra todo debidamente justificado y acreditado”.
De hecho, en caso de que no sea así, “se puede solicitar a los adjudicatarios la subsanación y corrección de la documentación presentada antes de dar por finalizada la tramitación del expediente”.
En este sentido, la Junta recuerda que “es precisamente esta minuciosidad en los requisitos que se solicitan a los perceptores de fondos o subvenciones lo que ocasiona en algunos casos demoras en los abonos, aunque son necesarios para asegurar la efectividad del proceso y que no se cometan incorrecciones al respecto”.
Por otra parte, la Administración subraya el hecho de que en el propio informe se deje constancia de que “en todos los casos no se han observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la entidad beneficiaria”.
Se trata además de “un informe aislado y que forma parte de un procedimiento de revisión de todos los expedientes de los cursos de formación que aún se están estudiando a nivel general”.
De Llera quita hierro
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, advirtió ayer al respecto de este informe que “los interventores, en general, suelen hablar de una manera muy dura, incluso cuando se hacen las cosas bien”. “Su misión, siempre, es poner pegas. Entonces, no podemos sacar filo a cualquier cosa que diga un interventor, porque está obligado a ser lo más implacable con lo que se pueda encontrar un gestor público”.
En todo caso, De Llera dejó claro que no tiene intención de juzgar “a nadie” por este asunto en particular, ya que no es su “misión”.
Sin documentación para justificar los fondos recibidos
El informe de intervención de los cursos deja constancia que de los cincuenta y cinco expedientes seleccionados en el muestreo realizado, “únicamente doce se acompañaban de alguna documentación justificativa que permitiera la comprobación de los mismos”.
La mencionada documentación es en algunos casos incompleta, en otros además es fotocopia simple de facturas o documentos justificativos o la aportada se realizada en CD, sin que la misma pudiera revestir el carácter de documento auténtico.
Además, no queda constancia en los expedientes de cuál fue el criterio de selección de los alumnos, ni de la documentación que lo justificara. Tampoco existe en todos los cursos documentación soporte de las fichas de los mismos, con descripción del profesorado, horas a impartir o material a emplear.
En ninguna de las subvenciones analizadas existe documentación que acredite que se han realizado las evaluaciones o el informe de impacto de la Formación Profesional para el Empleo.
Por otra parte, se constata la existencia de gestos considerados como de subcontratación realizados por entidades o personas vinculadas al beneficiario que no cumplen los requisitos legales; y se imputan en los gastos de docencia cuantías que, o bien exceden de las admisibles por el número de horas dedicadas a la formación o bien por no acreditar el carácter indubitado de las mismas al no constar en el expediente documentación que ampare las horas o costes imputados.
Se investigan cursos desarrollados por Ingrasa (Grupo Joly), Gálvez Peluqueros, las mancomunidades de la Sierra de Cádiz, La Janda o Campo de Gibraltar, Observa SCA o Alcampo, entre otras.
