Plataforma 3R ha pregunta vía Registro Oficial del Ayuntamiento quién va ser el destinatario de la subvención pública del extinto partido político que arranco este mandato corporativo y que desde el pasado 12 de septiembre y como consecuencia de su XVII Congreso Nacional y según la decisión de un 78 por ciento de sus militante, se aprobó su disolución, el cese de la actividad política y no volver a concurrir a evento electoral alguno por parte de esta formación política.
Se refiere obviamente al Partido Andalucista y se dirigen a la alcaldesa de San Fernando, al Interventor y a la Secretaria General, “en su condición de garantes del control económico-financiero de la institución de uno y de legalidad de otro”, con objeto de mostrarle “nuestra preocupación por los recursos públicos afectos a subvenciones públicas y en esta situación harto singular”.
La preocupación de 3R se sustenta igualmente en la posibilidad o no de que pueda continuar con la condición de ostentar grupo municipal, cuando el partido matriz ha sido disuelto, o bien debería de formar parte del Grupo Mixto Municipal o grupo de no adscritos. “Entendemos que sin ningún género de dudas que la ciudadanía debería estar informado de todo ello”.
"Es necesario indicar que a todas luces no hallamos traza alguna, según el ordenamiento jurídico vigente en esta disciplina, díganse tres leyes orgánicas, la de Partidos Políticos, la de Financiación de Partidos Políticos y por último la reciente de control de la actividad económica-financiera, que avale esta situación de tercera vía, de disolución política pero no disolución jurídica”.
Es por ello por lo que Plataforma 3R interpela a la alcaldesa, Patricia Cavada y habilitados nacionales, con objeto de absorber las posibles dudas e incertidumbre que al isleño le pueda sobrevenir este asunto. Esto es, cómo explicarle al ciudadano que debe subvencionar un partido disuelto o que ese mismo partido disuelto forma grupo municipal en su Ayuntamiento que, entre otras cosas, determinará los designios de casi 100.000 almas. “Por ello no debemos de optar por un silencio cómplice”, dice Plataforma 3R.
