El diputado de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, Javier Cano, abandonará su acta de concejal en el Ayuntamiento de San Fernando una vez que comience la Legislatura, si comienza a finales de octubre, ya que se ve afectado por las incompatibilidades que aplica su partido.
Así lo reconoció a este periódico en la jornada de este viernes, asegurando además que la percepción que tiene la ciudadanía de que los diputados y senadores de las dos últimas Legislaturas está cobrando si hacer nada es del todo inexacta.
Cano invitó a cualquier isleño (que ande por Madrid) a visitar el Congreso y enseñarle el funcionamiento para que vea el trabajo de las distintas comisiones e incluso las sesiones, a las que se presentan Proposiciones no de Ley y preguntas al Gobierno, aunque obviamente se trata de un trabajo previo al funcionamiento ejecutivo de las Cortes una vez que haya Gobierno.
El diputado isleño –que se quiera o no puede presumir de haber pertenecido a dos Legislaturas seguidas y espera no pertenecer a una tercera al menos hasta que toque dentro de cuatro años- convocó una rueda de prensa precisamente para dar cuenta a la ciudadanía de las preguntas presentadas y de las gestiones que forman parte de su trabajo diario en Madrid. Un trabajo que además alterna con el de concejal en San Fernando aunque reconoce que sus compañeros son los que llevan el peso de la actividad municipal.
En Madrid presenta una media de cuatro o cinco preguntas y entre las de esta semana están el proyecto de los accesos al Polígono de Fadricas desde la carretera CA-33, un proyecto que arrastra de 2005, en 2006 se adjudicaron pero tuvieron que parar por la duplicación de la vía férrea y luego por problemas con la empresa.
“Se nos ha venido diciendo que el comienzo de las obras es inminente. Lo dijeron en 2010, 2011, 2012, en 2013 la Alcaldía decía que se iban a retomar los trabajos en el 2014 y en 2014 se decía que los presupuestos lo incluirían en 2015. Al día de hoy sigue siendo una asignatura pendiente”.
Otra de las preguntas –no hay que olvidar que Cano es diputado provincial, es sobre la Comisaría Provincial de Cádiz que sufre graves daños estructurales y se buscan soluciones para ubicar definitivamente todas las dependencias. “Es una situación muy peligrosa pero es importante el esfuerzo que se está haciendo tanto por parte del personal como de los usuarios”.
Actualmente se está utilizando parte de las instalaciones del Pirulí e incluso la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando, por lo que la pregunta versa sobre las intenciones del Ministerio del Interior con ese problema.
Hay que aclarar que estas preguntas se hacen a la espera de respuesta y dependiendo de la mismo o de que no la haya, pueden desembocar en una Proposición no de Ley sobre el tema en cuestión.
También ha preguntado por la situación del poblado de Sancti Petri, del que el Ayuntamiento de Chiclana ha pedido su titularidad aunque Costas considera que sigue siendo necesario para la protección del litoral y por tanto dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre. Se trata de una cuestión que también afecta a San Fernando por su cercanía y por la presencia de empresarios isleños en la península.
La última de las preguntas de esta semana ha estado relacionada con los nombramientos de altos cargos por parte del Ministerio de Defensa, habida cuenta de que existe un pronunciamiento de la Abogacía del Estado que no recomienda hacerlos con un Gobierno en funciones.
Independientemente de estas preguntas, es una constante en la actividad de Javier Cano las preguntas sobre las cargas de trabajo de Navantia, sobre todo porque se tiene constancia de que va mucho más trabajo hacia los astilleros gallegos que a los del sur.
