Fue una de las promesas electorales de Susana Díaz en las autonómicas, hace casi dos años. Tras las municipales se anunció su inminente puesta en marcha y el pasado mes de junio la Junta dijo que estarían en vigor en el mes de octubre; sin embargo, los planes de emple@ Joven y Emple@ 30+ siguen aún encima de la mesa de buena parte de los ayuntamientos andaluces que los solicitaron, pese a que la Junta ya ha abonado el 50% de la subvención y prevé abonar el otro 50% este próximo mes de febrero.
¿Qué ocurre entonces? La pregunta no sólo se la hacen los principales interesados, los desempleados de cada localidad y aspirantes a la elección, sino que han empezado a hacerla en voz alta los gobiernos de los municipios que esperaban a estas alturas tenerlos en marcha, en especial aquéllos en los que no gobierna el PSOE.
En este sentido, y aunque en este momento todo ande emnarañado a partir de los cruces de declaraciones entre unos -IU, Podemos y PP- y otros -PSOE y la Junta-, de sus propias declaraciones se pueden extraer las claves para determinar lo que está sucediendo. En el fondo, todos llevan parte de razón, pero también parte de culpa: entre la confrontación y la fabulación es necesario encontrar un término medio, porque lo auténtico cierto es que los planes en cuestión acumulan ya demasiados meses a la espera de poder satisfacer las oportunidades de muchos desempleados.
Está, pues, la incertidumbre de los potenciales beneficiarios de los planes de empleo, y, desde esta semana, el temor de los gobiernos a los efectos de la letra pequeña. La voz de alarma la dieron este martes, en primer lugar, los alcaldes de Cádiz -Por Cádiz sñi se puede- y Conil -IU- acompañados por concejales de diferentes municipios, que criticaron haber recibido sólo el 50% de la subvención -aspecto éste ya convenientemente argumentado- y que la Junta no vaya a financiar al cien por cien todas las contrataciones previstas, “tal y como había afirmado”.
¿Significa eso que la Junta no cumplirá con el pago de las cantidades anunciadas? No, sino que las subvenciones pueden no alcanzar para todos los contratos previstos, ya que tienen que estar acogidos al convenio colectivo de cada ayuntamiento y en buena parte de los casos, sobre todo en los de los de grandes ciudades, al aplicar los convenios, la cantidad recibida es inferior a la necesaria para poder cubrirlos, ya que lo que se aporta es una cantidad fija por el tipo de categoría, y cada municipio tiene establecido unos costes diferentes para cada una de ellas.
En este sentido, la Junta se escuda en que como cada ayuntamiento tiene un convenio colectivo diferente, “es imposible un plan de empleo a la carta por cada convenio”, lo que abre la puerta a una necesaria “cofinanciación”.
Además, la propia Junta defiende que muchos ayuntamientos ya han encontrado soluciones a los problemas planteados esta semana desde la provincia de Cádiz; de hecho, cifra en unos 200 municipios andaluces los que ya tienen en vigor los planes de empleo, entre ellos Sevilla.
¿Por dónde pasa la solución? Según el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, lo que han hecho ya algunos de esos municipios: “Llegar a un acuerdo con sus sindicatos para que las contrataciones realizadas no se acojan al convenio colectivo del ayuntamiento”, con lo que “lo que la Junta en el plan de empleo paga, pues paga y punto”.
Siguiendo este supuesto, “a los municipios que opten por acogerse al convenio colectivo les costará dinero, y si no se acogen al convenio colectivo no les costará dinero”, concluía Jiménez Barrios, que insiste en situar en cada ayuntamiento la solución al problema, no en la Junta.
Desde el PP consideran que hay más opciones y que la Junta debería mojarse al respecto. Según exponía Antonio Saldaña, la solución al problema del pago extra que quieren evitar los ayuntamientos pasa por una serie de opciones: “o la Junta sube la cantidad que aporta a cada municipio, o es la Junta la que puede pasar a realizar los contratos directamente, y no los ayuntamientos, o flexibiliza las condiciones de contratación de manera que se diga a los beneficiarios cuáles son esas nuevas condiciones para que sepan que no se les puede contratar a tiempo completo”, con los inconvenientes que les puede acarrear a posteriori para acceder a las ayudas por el desempleo.
Esta última opción es la más parecida a la que la Junta ha expuesto públicamente, pero implicando a la propia administración autonómica, no directamente a los ayuntamientos, lo que en el fondo remite al pulso que ambas partes llevan manteniendo durante toda la semana y que, entre otros argumentos, ha permitido al PSOE resucitar el estigma de la “pinza” entre el PP e IU.
Lo cierto es que la opción de la cofinanciación resulta harto complicada en estos momentos para muchos ayuntamientos: Cádiz calcula que tendrá que aportar tres millones de euros, Algeciras dos y Jerez hasta cuatro, según estimaciones del PP. Pero, pese a las críticas, también es cierto que se vienen manteniendo reuniones técnicas entre la Junta y los ayuntamientos que lo requieren para resolver el problema.
“Los ayuntamientos se han adherido voluntariamente a estos programas -argumenta el PSOE- y conocen los detalles regulados por ley. Tienen la obligación de conocer la norma antes de participar y de cumplirla después, por lo tanto resulta incoherente adscribirse a algo que luego utilizan como arma arrojadiza”, ha criticado la secretaria de organización del PSOE, Araceli Maese.
El origen del problema, en Málaga
El origen de la polémica se encuentra en una sentencia del TSJA contra el Ayuntamiento de Málaga por un plan de empleo en el que los pagos realizados no se realizaron en función al convenio colectivo. Uno de los contratados denunció al Ayuntamiento por cobrar menos y ha ganado.
