La
Red de la Abogacía de Cádiz ha convocado a todos los abogados y a cuantos profesionales y ciudadanos quieran acompañarlos a una concentración reivindicativa para el próximo día 22 de mayo a las 12.00 horas en la puerta de los Juzgados de San Fernando, en la calle eal esquina a Avenida de la Marina.
Red de la Abogacía de Cádiz quiere hacer patente el olvido y maltrato por parte del Gobierno estatal y autonómico, de todo lo relacionado con la Administración de Justicia, lo que se traduce en una Justicia lenta, sobrecargada, ineficaz, mal dotada de medios, en definitiva, de pésima calidad, incapaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en tiempos razonables, lo que a su vez repercute en todos los profesionales que intervienen en la misma, y de forma muy especial, a la Abogacía.
Esta situación debe cambiar y no puede tolerarse por más tiempo. La Justicia es un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas, por lo que debe desterrarse la equivocada idea de que es un gasto, cuando en realidad es una inversión, en paz social, seguridad jurídica y progreso económico.
Además, es una actividad económica de vital trascendencia que genera enormes rendimientos para el Estado y da empleo directo e indirecto a cientos de miles de personas.
Este maltrato por el poder político solo es entendible desde una perspectiva: la Justicia es el Poder de control del Poder político y una garantía de la ciudadanía contra sus abusos y corruptelas; y los abogados son actores que con su trabajo diario ponen en marcha cada día ese control y esas garantías en beneficio de toda la sociedad, dicen en un comunicado de prensa.
Red de la Abogacía de Cádiz, integrada en Red de Abogados de España, es una agrupación de abogados creada en fechas recientes, pero que cuenta ya, entre sus integrantes, con 1.000 abogados de toda Andalucía, siendo más de 4000 a nivel nacional. Todos ellos han acudido al llamamiento y se han integrado colectivamente, con el firme compromiso de adoptar medidas de presión contra la pésima situación que vive la Justicia y la Abogacía.
Reivindican:
#JusticiaConMedios. Exigimos un aumento relevante y progresivo de la inversión en justicia por parte del Ministerio y de la Junta de Andalucía, con creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea (actualmente estamos en la mitad).
#JusticiaIndependiente: Es imprescindible, que la elección de la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice por los jueces, debiendo el Gobierno dejar de inmiscuirse en las designaciones de las cúpulas y cargos judiciales.
#TurnoDigno: Debe asumirse una mejora de las retribuciones del turno de oficio, para que sean dignas y acordes a los tiempos, con retribución de todas las actuaciones llevadas a cabo, con independencia de la concesión del beneficio o no al justiciable. Además, como mínimo, debe producirse un incremento del 75% de las indemnizaciones que actualmente perciben los abogados, vía subidas del 25% anual durante los próximos 3 años.
#ConciliaciónProfesional: Deben realizarse modificaciones legales tendentes al establecimiento de medidas efectivas de dignificación de la profesión y conciliación de la vida personal y familiar.
#DignidadProfesional: Igualdad de trato en horarios, juzgados, plazos, sitios de reunión y esperas dignos en todos los juzgados y un largo etcétera.
#JusticiaAccesible: No renunciamos a la infamia de las Tasas Judiciales, por lo que exigimos su total eliminación, al menos, para las PYMES y ONGs. El derecho fundamental a la Justicia no puede ser una de las actividades que soporta una de las tasas impositivas más elevadas.
#JusticiaEficaz: Debe replantearse la apresurada Justicia Digital que nos va a lastrar durante décadas, con la creación de una plataforma de comunicación telemática, segura, sencilla y eficaz; y un expediente electrónico gestionado con sistemas procesales interoperables; residenciando el control en el CGPJ. Debe regularse el derecho de desconexión de los abogados.
#JusticiaCercana: Reivindicamos la eliminación, por el grave perjuicio que supone para los consumidores, de los Juzgados Provinciales de Cláusulas Abusivas, debiendo implementarse soluciones extrajudiciales realmente efectivas y dotarse de medios personales y técnicos excepcionales a la Justicia ordinaria que permitan dar salida a los procedimientos, garantizándose tiempos de resolución breves a los consumidores afectados.