El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez; ha replicado este jueves al alcalde de Lora del Río, el popular Antonio Enamorado, que las competencias de gestión del agua recaen en el Ayuntamiento, reclamándole que "deje de enfangar" y que la entidad provincial garantiza su "acompañamiento" al municipio para resolver los episodios de turbidez en el agua y no potabilidad que sufre la población de la localidad.
Y es que Antonio Enamorado ha acusado al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, de "hacer política con la situación del agua", tras la reunión celebrada entre ambos a la búsqueda de soluciones a los episodios de turbidez en el agua y no potabilidad que sufre la población de la localidad.
En unas declaraciones difundidas por la Diputación, el diputado provincial ha insistido en el carácter municipal de las competencias de gestión del agua, avisando de que los tres millones de euros que le reclama al alcalde los puso la Diputación "encima de la mesa en una resolución" después de que en 2023 la Junta declarase no apta para el consumo humano el agua de Lora y el Ayuntamiento declarase una situación de emergencia no catastrófica, con la precisión de que al ser levantadas tanto la declaración de no potabilidad como la de emergencia no catastrófica, "decayó el procedimiento de emergencia" y la Diputación ya no podía "trabajar en ese procedimiento" urgente, por lo que optó por una tramitación "ordinaria".
Por eso, le ha reclamado al alcalde que deje de "enfangar y malmeter", garantizando el "acompañamiento" de la Diputación al Ayuntamiento en la solución del problema.
Al respecto, recordemos que en 2023, durante un gran episodio de turbidez en el agua en Lora, el Gobierno local del PP atribuía las notables incidencias en el suministro a "las circunstancias de la sequía" y los "26 años de gestión privada" del servicio del agua, periodo en el que la empresa Aqualia habría incurrido en una "falta notoria en el mantenimiento y limpieza de las tuberías y en las inversiones" en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), entre otras deficiencias achacadas a esta entidad privada otra responsable del agua en la localidad.
Desde Lora del Río
El alcalde de Lora del Río, el popular Antonio Enamorado, ha acusado al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández de "hacer política con la situación del agua", tras la reunión celebrada entre ambos a la búsqueda de soluciones a los episodios de turbidez en el agua y no potabilidad que sufre la población de la localidad.
En un comunicado, ha comentado su reciente reunión con el presidente de la Diputación, el socialista Javier Fernández, acerca de la prolongada problemática del agua corriente de esta localidad.
De nuevo, problemas con el agua
A mediados de julio la localidad se veía de nuevo inmersa en un notorio episodio de turbidez del agua, que presentaba una preocupante coloración, siendo declarada el agua como no apta para el consumo humano al superar los valores límite de concentración de manganeso, una prohibición que se prolongó hasta el pasado 14 de agosto.
El asunto, más allá de la incidencia en la población, se tradujo en un constante cruce de acusaciones entre populares y socialistas, pues el alcalde, el popular Entonio Enamorado, aseguraba que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había "desembalsado en los últimos tres meses hasta 14 hectómetros cúbicos de agua de la presa José Torán, provocando corrientes y turbulencias que han removido el lecho del pantano rico en manganeso", con la correspondiente incidencia en el agua corriente de la localidad.
Cruce de declaraciones
La CHG, de su lado, alegaba que "no está comprobado que el movimiento de las aguas dentro del embalse sea la causa de los incrementos de los niveles de manganeso que afectan al abastecimiento del municipio"; avisando de que el Ayuntamiento debería invertir en reforzar su planta de tratamiento, "lo que es una competencia exclusivamente municipal", para solucionar "de una forma definitiva" el problema.
Al respecto, Javier Fernández señalaba sobre su reunión con el alcalde de Lora que las competencias sobre agua las ostenta el Consistorio, que los técnicos de la Diputación "dicen que hay que hacer una depuradora nueva" pero la decisión corresponde al Gobierno local, al que ha instado a actuar; y que el ente supramunicipal colaborará económicamente con ese proyecto y prevé ya mejoras en la actual depuradora.
Tras ello, el alcalde ha acusado a Fernández de "hacer política con la situación del agua y de "culpar al equipo de Gobierno de la situación, ofreciendo datos engañosos o erróneos como indicar que el Ayuntamiento no había invertido en el ciclo integral del agua", ante lo cual ha esgrimido que "hasta 2022 la gestión estaba en manos de una entidad privada (Aqualia), y durante el año 2023 fue el partido del presidente el que gobernó once meses el Consistorio y no realizó ninguna inversión".
El dinero de la Diputación
El alcalde señala además que sigue "a la espera de que la Diputación de Sevilla de los tres millones de euros prometidos el año pasado para resolver la situación del agua", después de que la entidad provincial alegase que tal ser declarada en 2023 el agua de nuevo como potable, ya no podía actuar por vía directa.
Del mismo modo, ha señalado que en enero de 2023, la Diputación aseguraba que "iba a prestar una solución técnica y un plan económico-financiero para las inversiones" pero ahora pide al Ayuntamiento que "haga ambas cosas, que busque una solución técnica y ponga encima de la mesa el plan económico-financiero", en el cual la entidad asegura que va a colaborar.
Hay que pagar
También ha señalado la apuesta de la Diputación por la entrada de Lora en uno de los consorcios mancomunados, como podía ser el Plan Écija; avisando de que "lógicamente, ello supondría un incremento de las tarifas que pagaban los loreños en sus recibos para poder garantizar un agua de calidad en el municipio".
"El presidente de la Diputación, Javier Fernández, vino a Lora del Río a hacer política con la situación del agua", ha aseverado, asegurando que "gran parte" de los 970.838 euros que recibe Lora del nuevo plan provincial de inversiones de la Diputación "se va a invertir en cambiar tuberías en el municipio, así como en diversas mejoras en la ETAP para mejorar su funcionalidad".
De nuevo, problemas con el agua
A mediados de julio la localidad se veía de nuevo inmersa en un notorio episodio de turbidez del agua, que presentaba una preocupante coloración, siendo declarada el agua como no apta para el consumo humano al superar los valores límite de concentración de manganeso, una prohibición que se prolongó hasta el pasado 14 de agosto.
El asunto, más allá de la incidencia en la población, se tradujo en un constante cruce de acusaciones entre populares y socialistas, pues el alcalde, el popular Entonio Enamorado, aseguraba que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había "desembalsado en los últimos tres meses hasta 14 hectómetros cúbicos de agua de la presa José Torán, provocando corrientes y turbulencias que han removido el lecho del pantano rico en manganeso", con la correspondiente incidencia en el agua corriente de la localidad.
Cruce de declaraciones
La CHG, de su lado, alegaba que "no está comprobado que el movimiento de las aguas dentro del embalse sea la causa de los incrementos de los niveles de manganeso que afectan al abastecimiento del municipio"; avisando de que el Ayuntamiento debería invertir en reforzar su planta de tratamiento, "lo que es una competencia exclusivamente municipal", para solucionar "de una forma definitiva" el problema.
Al respecto, Javier Fernández señalaba sobre su reunión con el alcalde de Lora que las competencias sobre agua las ostenta el Consistorio, que los técnicos de la Diputación "dicen que hay que hacer una depuradora nueva" pero la decisión corresponde al Gobierno local, al que ha instado a actuar; y que el ente supramunicipal colaborará económicamente con ese proyecto y prevé ya mejoras en la actual depuradora.
Tras ello, el alcalde ha acusado a Fernández de "hacer política con la situación del agua y de "culpar al equipo de Gobierno de la situación, ofreciendo datos engañosos o erróneos como indicar que el Ayuntamiento no había invertido en el ciclo integral del agua", ante lo cual ha esgrimido que "hasta 2022 la gestión estaba en manos de una entidad privada (Aqualia), y durante el año 2023 fue el partido del presidente el que gobernó once meses el Consistorio y no realizó ninguna inversión".
