El acuerdo firmado en Madrid entre las ministras de Medio Ambiente de España (Teresa Ribera) y Portugal (Maria da Graça Carvalho) especialmente sobre los ríos Guadiana y Tajo con motivo del XXV aniversario del Convenio de Albufeira no hace mención alguna, según lo trascendido hasta ahora, a algún posible trasvase desde la macro presa portuguesa de Alqueva a Andalucía ni a ninguna otra región española. Según la versión del Gobierno portugués, únicamente se ha fijado el principio de que los usuarios españoles de la presa (únicamente unos pocos regantes de Extremadura) pagarán por el agua el mismo precio que los usuarios portugueses.
En Portugal hay tres visiones diferentes sobre el acuerdo firmado con España: la del Gobierno luso, positiva para los intereses del país vecino; la de la prensa, crítica por considerar que se han dejado cabos sueltos; y la de colectivos ecologistas y de la sociedad civil, no del todo conforme al entender que no se han acabado de resolver los problemas pendientes por la parte lusa.
El Ministerio de Medio Ambiente de Portugal destaca el compromiso de ambos Gobiernos ibéricos de garantizar los caudales diarios del embalse de Cedillo para mantener los caudales circulantes del río Tajo. Los volúmenes diarios de flujos se definirán a partir de ahora en las próximas reuniones entre técnicos de los dos Ministerios implicados.
«Los días de caudal cero en el río Tajo han quedado atrás. Se trata de un paso largamente deseado por Portugal. Con este entendimiento, resolvemos una cuestión pendiente, que lleva más de dos décadas sin resolverse y que garantizará estabilidad y coherencia, dos requisitos fundamentales para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la salud de los ecosistemas», afirmó Maria da Graça Carvalho, la titular del Ministerio de Ambiente de Portugal.
Desde el país vecino se subraya que ambos Gobiernos se han comprometido con los siguientes principios:
1. A la hora de definir los caudales del tramo final del Guadiana se dará prioridad al buen estado de la ría del Guadiana, y se creará un programa para el seguimiento de este régimen y sus posibles impactos. Los flujos que queden disponibles podrán ser utilizados, en partes iguales y con fines sioeconómicos, por ambos países.
2. La garantía de ambos países para viabilizar la captación de agua de Pomarão y Bocachanza, reconocimiento que permite a Portugal avanzar en este proyecto para aumentar la resiliencia hídrica en la región del Algarve y el Alentejo, a través de Pomarão.
En relación con la presa de Alqueva, Portugal y España finalmente llegaron a un compromiso, después de 25 años: los usuarios españoles que tengan acceso al agua en la margen izquierda de la presa (actualmente, únicamente algunas comunidades de regantes de Extremadura) pagarán por este servicio en las mismas condiciones que los usuarios portugueses.
«El resultado de este trabajo que se ha realizado en los últimos meses es un principio de acuerdo que prioriza el componente ecológico, sin olvidar el consumo humano y otros usos socioeconómicos. Estoy muy satisfecha con el avance de las negociaciones y hemos demostrado que somos capaces de trabajar juntos por el futuro de ambos países, en un tema tan esencial como los recursos hídricos», afirmó la ministra Maria da Graça Carvalho.
DEUDA EN EL AIRE
Por su parte, medios de comunicación lusos, especialmente el diario Publico, atento siempre a los conflictos por el agua entre los dos países ibéricos, se han mostrado críticos con el que califican de oscurantismo de su Ministerio de Medio Ambiente.
Tras la reunión previa que a principios del verano mantuvieron las dos ministras en Lisboa circuló la versión de que España había reconocido una deuda acumulada de unos 40 millones de euros por la toma de agua de la presa de Alqueva por agricultores de Extremadura, a razón de dos millones de euros por año, cantidad que ya se habría acordado pagarían desde ahora los regantes extremeños.
La empresa gestora de la presa de Alqueva se quejaba de que el uso del agua en Extremadura era gratis por los regantes hispanos al no haberse regulado nada al respecto, aunque la visión desde España era más o menos que se trataba de una concesión justa por haber inundado Portugal con la presa una superficie significativa de suelo español.
El diario Publico ha fracasado hasta ahora en sus intentos de averiguar si España ha aceptado el pago de esos 40 millones de euros supuestamente pendientes, y cree que no ha pagado nada y que sólo lo hará a partir de ahora. Fundamenta su tesis en el reiterado silencio o las evasivas de la ministra portuguesa de Medio Ambiente a las preguntas que se le hicieron en Madrid sobre el tema, así como la negativa a hacer comentario alguna del gerente de la empresa gestora de Alqueva, el habitualmente locuaz y muy reivindicativo «contra España» José Pedro Salema.
LOS ECOLOGISTAS
El grupo ecologista portugués ZERO, en reacción a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, realizadas en Madrid, considera que las recientes negociaciones sobre los caudales de los ríos Tajo y Guadiana representan un avance importante, pero plantean cuestiones que merecen mayor atención y debate público. Mientras se debate sobre la gestión de los recursos hídricos compartidos entre Portugal y España, es esencial para los verdes garantizar que el futuro acuerdo promueva un enfoque verdaderamente sostenible y transparente.
Aunque el fin de los “días de caudal cero” en el Tajo puede verse como un punto positivo para la protección del río y de los ecosistemas que de él dependen, la definición de caudales mínimos diarios no refleja plenamente las necesidades ecológicas. ZERO reitera que la gestión del agua debe basarse en criterios ecológicos sólidos, desde el punto de vista técnico y científico, para garantizar la salud de los ecosistemas, en lugar de limitarse a asegurar volúmenes mínimos de agua.
En opinión de este colectivo, el agua liberada en cantidades mínimas no responde, por sí sola, a la compleja dinámica de los ecosistemas fluviales, donde los caudales ajustados a las necesidades ecológicas son esenciales para la salud de las especies y hábitats que dependen del río.
Si bien el acuerdo es importante para el Tajo y el Guadiana, no aborda otros ríos transfronterizos que también sufren presiones hídricas, como el Duero y el Miño. ZERO considera que el futuro acuerdo debe ser más integral e incluir todos los recursos hídricos compartidos por los dos países, con el fin de garantizar su gestión sostenible y equitativa, en línea con los compromisos ambientales asumidos por ambos.
Aunque todavía no hay un acuerdo formalizado, sino principios de entendimiento, ZERO destaca la importancia de que el acuerdo final, previsto para ser discutido en la Cumbre Luso-Española de octubre, se elabore de forma transparente y con una amplia consulta pública. Es esencial, a su juicio, que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de participar activamente en este proceso, para garantizar que las decisiones tomadas reflejen las necesidades reales de las poblaciones y los entornos naturales afectados.
ZERO recuerda que, en una carta abierta enviada al Ministerio de Medio Ambiente el 10 de septiembre (2024), un grupo de casi 40 organizaciones y movimientos cívicos solicitaron la divulgación de los términos de este acuerdo aún en negociación por entonces. Estas organizaciones reiteran la importancia de la participación de la sociedad civil para garantizar una gestión justa y equilibrada de los recursos hídricos.
