La Consejería de Fomento y Vivienda, los sindicatos SF-Intersindical, CGT, CCOO, UGT, CSIF, así como las asociaciones FACUA y Ecologistas en Acción, ha expresado su rechazo a la reducción del servicio público ferroviario que pretende realizar el Gobierno de España con la supresión de la línea de Sevilla-Llerena, una reivindicación que recoge el Manifiesto en Defensa del Ferrocarril Público en la provincia que hoy han presentado durante una jornada celebrada en el municipio sevillano de Arahal.

   En este encuentro, según informa la Junta, han participado el director general de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, José Luis Ordóñez, la delegada territorial, Granada Santos, así como portavoces de plataformas ciudadanas y representantes de sindicatos, que han defendido el "carácter público y social del ferrocarril" y analizado el futuro del ferrocarril en la provincia tras la activación del plan de reestructuración y racionalización del sector previsto por el Ministerio de Fomento.

   En el encuentro, los participantes, así como suscriptores del Manifiesto, han expresado su apoyo a las Obligaciones de Servicio Público ferroviario de los trenes regionales (o media distancia) en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla, e instado al Gobierno del Estado a que cumpla dichas obligaciones aprobadas por el Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2012.

   Granada Santos ha recordado que las obligaciones de servicio público provienen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y "conllevan la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de transporte público colectivo". "Las personas que viven en estas localidades no pueden sufrir una merma de sus derechos por unos planes puramente contables del Ministerio", ha afirmado la delegada territorial, quien ha advertido de que "a estos ciudadanos se les están restando oportunidades por unos planes que el Gobierno ni siquiera ha consensuado, consultado o atendido con los gobiernos de las comunidades autónomas".

   La declaración como obligación de servicio público establece la responsabilidad de su financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, en este caso del Ministerio de Fomento. Por este motivo, Santos ha instado al Gobierno de España a "cumplir son su obligación y a no generar ciudadanos de primera y de segunda en función a sus intereses, a sus planes de recortes y a sus cuentas sin atender lo más mínimo  la opinión de quienes padecen sus consecuencias".

   El manifiesto exige además la creación de la línea de cercanías que conecte Utrera - Paradas - Arahal - Marchena - Osuna - Pedrera - La Roda de Andalucía; la ampliación del cercanías desde Benacazón hasta La Palma del Condado con paradas en Aznalcázar, Pilas y Carrión de los Céspedes; y el aumento de la frecuencia de trenes existentes en la línea C3 Sevilla Santa Justa - Cazalla Constantina, que en los fines de semana debe habilitar un vehículo de transporte de bicicletas. También reivindican el aumento de la frecuencia de la red de cercanías de Sevilla y proponen que la línea C2 Sevilla Santa Justa - Cartuja inicie su recorrido en la estación de la Salud con paradas en Virgen del Rocío y San Bernardo, adecuando los horarios a la entrada y salida de trabajadores y estudiantes.

   En materia de infraestructuras, los firmantes del Manifiesto plantean la extensión de la conexión ferroviaria desde la estación de Isla de la Cartuja hasta el actual aparcamiento de la feria de Sevilla para su conexión intermodal con la línea 1 de Metro de Sevilla (en la parada de Blas Infante), el estudio de la posible conexión mediante 'tran-tren' entre San Bernardo - Palacio de Congresos - Sevilla Este - Parque Alcosa; la mejora del acceso ferroviario al puerto de Sevilla dentro del impulso a la red logística de Andalucía; la culminación de la electrificación de la red de cercanías de Sevilla y, por último, el estudio de la actualización y ampliación de la red de cercanías de Sevilla.

   Las entidades y organizaciones sociales firmantes han realizado un llamamiento tanto a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, como a la Universidad, organizaciones económicas, sociales y culturales de Sevilla a sumarse a este manifiesto para la movilización social mediante la adopción de acuerdos y actividades en defensa del ferrocarril público y social.