Zoido, tanto en su calidad de alcalde de Sevilla como de presidente del PP (A), ha amenazado hace unos días con llevar a la Junta de Andalucía ante los tribunales, e instado a los alcaldes de su partido a hacer lo mismo, por el presunto boicot a los grandes proyectos municipales.
Con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, el alcalde sevillano dijo que hasta ahora ha sido “paciente aunque insistente” con la Junta, pero que ya ha pasado el tiempo suficiente para que desbloquee proyectos muy importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.
Es curioso comprobar cómo tan sólo cuatro días antes el alcalde pedía a los sevillanos que tuvieran paciencia con él y su gobierno, dada la herencia recibida y la crisis económica existente y, sin embargo, él proclama que no va a tener más paciencia con la Junta de Andalucía.
La segunda curiosidad dimana de la concepción del poder y la ley que inconscientemente muestra con sus declaraciones Zoido, un juez en excedencia metido a político, por lo que resulta aún más llamativo. El alcalde está preconizando que en una Democracia como la nuestra, donde debe regir el imperio de la ley, el Gobierno autónomo omita la normativa aplicable al caso -el Plan General de Ordenación Urbana vigente- para que le dé luz verde a proyectos que la contravienen, como es el parking de la Alameda, cuando el Plan veta expresamente la construcción de aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo.
Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?
En sentido inverso
Y, ¿qué ocurre cuando es el Ayuntamiento el que boicotea los proyectos de la Junta en Sevilla? Porque Zoido ha tratado también en la última semana de resucitar la Ciudad de la Justicia en el Prado, algo que podría considerarse un boicot -ya que la palabra se utiliza como un auténtico cajón de sastre, que lo mismo vale para un roto que para un descosido- a uno de esos grandes proyectos para Sevilla, propuesto por el Consistorio en su día y no por el Gobierno autónomo -he ahí otra paradoja- para la zona de los Gordales y cuya ejecución contribuiría a crear parte de esos 46.000 empleos que, según dijo el presidente provincial y portavoz municipal del PP, Juan Bueno, irían asociados a la construcción de todo lo pendiente, desde la SE-40 hasta el Metro.
La Ciudad de la Justicia es otra de esas iniciativas que parecen gafadas y condenadas a eternizarse por una u otra cuestión, como suele ocurrir en Sevilla, donde el tiempo para materializar cualquier proyecto puede prolongarse de uno a tres decenios (ejemplos, el Metro y el mercado de la Encarnación).
Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.
Sin embargo, cada consejero de Gobernación y/o Justicia que aterrizaba en el cargo (y han sido seis o siete en este periodo) tenía su particular idea sobre cuál era el sitio idóneo para construirla, sobre todo porque a medida que el proyecto se tornaba más ambicioso, siquiera sobre el papel y cada vez necesitando de más m2, se veía que la ubicación elegida anteriormente era insuficiente por demandar más espacio.
De un sitio a otro
Así, el proyecto fue dando tumbos virtuales de un sitio para otro: la isla de la Cartuja, el campo de Los Remedios, el Puerto y, finalmente -si esta palabra puede emplearse en este controvertido asunto- en los Gordales. El PGOU de 2006 calificó allí suelo para equipamientos, y la decisión de ubicar la Ciudad de la Justicia la adoptó el Pleno del Ayuntamiento en junio de 2008 por acuerdo unánime de todos los grupos políticos y hasta con el impulso del PP, cuyo líder y portavoz -en la oposición- era Juan Ignacio Zoido. Previamente, para continuar con el mal fario, la Dirección General del Patrimonio del Estado impugnó el planeamiento urbanístico en disconformidad con las plusvalías que se le otorgaban para sus terrenos en esa zona, lo que añadió un factor de incertidumbre que no se despejó totalmente hasta que en junio de 2012 el Tribunal Supremo tumbó definitivamente las pretensiones del Estado.
En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.
Una vez se sustanciara el pleito con el Estado -lo que no ocurrió hasta 15 meses después-, la Consejería de Justicia construiría los otros cuatro inmuebles restantes hasta completar un conjunto de 221.000 m2 en números redondos, frente a los 63.000 m2 que tienen actualmente los juzgados del Prado. Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto, la Ciudad de la Justicia de Málaga, inaugurada a finales del año 2007, tiene 70.000 m2 y costó 85 millones de euros, más 7 millones para equipamientos.
Cambio de criterio
A pesar de que el PP y Zoido habían votado en el Pleno tres años antes a favor de los Gordales como sitio idóneo para la Ciudad de la Justicia y la cesión de suelo a la Junta cumplía aquel mandato plenario, Zoido se retractó de su propio voto y en su programa para las elecciones municipales de mayo de 2011 pasa a propugnar la creación de un Distrito Judicial en el Prado a base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.
Zoido se dedica desde entonces a restar credibilidad a la Ciudad de la Justicia en los Gordales con, entre otros, el argumento de que el Gobierno andaluz no ha puesto dinero en los Presupuestos “porque no hay dinero suficiente para iniciar nada”.
Tres consejeros de Gobernación y/o Justicia (Luis Pizarro, Francisco Menacho y Emilio Llera) han tratado infructuosamente en estos dos años de que Zoido diga oficialmente dónde quiere la Ciudad de la Justicia. Ya con Zoido en la Alcaldía, Menacho declaró que si éste no deseaba que se construyera en los Gordales, “nos sentaremos -dijo- a estudiar los pros y los contras en busca del lugar más rápido y mejor para los ciudadanos, sin perder ni un día más para que Sevilla tenga unas instalaciones judiciales dignas”. Pero Zoido, confiado en la victoria electoral de Javier Arenas en las autonómicas, se mantenía en la indefinición y perdía así la oportunidad de comprometer definitivamente (asignación presupuestaria) a la Junta con tal de que fuera otro quien se hiciera la foto poniendo la primera piedra.
Recorte por la crisis
Arenas no pudo ser presidente, los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy obligaron a la Junta a diferir ‘ad calendas graecas’ el Metro y tal como reconoció el consejero Llera, que lleva un año esperando infructuosamente que Zoido se reúna con él para abordar la cuestión, también la Ciudad de la Justicia, a la que en las actuales circunstancias económicas califió como “quimera”.
Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.
El alcalde, que tanta lealtad institucional demanda al Gobierno autónomo y tanto le acusa de boicotear a Sevilla, actuó así de espaldas a la Junta -igual que con el dragado-, ya que ésta es quien tiene las competencias en materia de infraestructuras judiciales y no el CGPJ y la que tiene que financiarlas con cargo a sus Presupuestos. Para como, siendo el alcalde, Zoido ignoraba que al menos una de las dos parcelas del Prado que ofreció al CGPJ no es del Ayuntamiento, sino de Tussam (parece igual pero no es lo mismo) y que está hipotecada como garantía por el impago de deudas de la empresa municipal a la Seguridad Social.
Y, además, tampoco tuvo en cuenta de que el Ayuntamiento ya cedió hace dos años a la Junta las parcelas para la Ciudad de la Justicia en los Gordales, con lo cual, en la hipótesis de que el CGPJ hubiera aceptado el ofrecimiento del alcalde Sevilla, el Consistorio habría destinado dos terrenos para el complejo judicial pese a no haber dinero para construir ninguno. Disparate tras disparate cuya factura acaba pagando Sevilla.
