El portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha negado que se le acuse o señale en la declaración realizada por el secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento hispalense durante el anterior mandato, Carlos Vázquez, como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 15, a cuenta de la denuncia relativa a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la Fundación DeSevilla. En este sentido, Torrijos deja claro que se limita a decir "obviedades" y que en ningún momento lo "culpa de nada".
En una entrevista concedida a Europa Press, Torrijos ha reiterado su actitud de "respeto y de no pronunciamiento" en procesos judiciales abiertos para "no precipitar" valoraciones, mientras que ha insistido en que la declaración de Vázquez, a su entender, "no se corresponde con lo que algunos medios de comunicación han interpretado".
Así, recuerda que se trata de un procedimiento que se abre "a iniciativa y por denuncia del PP" en noviembre de 2012 y "no cuando llegó al gobierno", algo que achaca a que se pretendía que coincidiera con "determinados procesos, posiblemente electorales". De este modo, apunta a la "naturaleza política de este asunto", que "pretende desviar la atención de grandes temas".
Tras enmarcar el caso, asegura que en la declaración lo que hace Vázquez es "confirmar varias obviedades" a preguntas del juez y "que son ciertas", mencionando que Torrijos era el delegado de Relaciones Institucionales, que esta delegación era la que concedía las subvenciones y que el portavoz de IU era miembro del Patronato de la Fundación DeSevilla, "firmándose los convenios entre la fundación y la delegación".
"Te quedas sorprendido con algunas interpretaciones que no se corresponden con la concreción literal de Vázquez, que no me acusa, ni me señala, ni me culpa de nada", sentencia, añadiendo que en estos procedimientos "procelosos" de subvenciones de cooperación de carácter internacional se produce "siempre o muchas veces una distancia entre el momento en el que se tiene que ejecutar la subvención y la capacidad que tenía el ayuntamiento de acelerar los pasos, y ahí hay un conflicto".
Según concluye Torrijos, se trata de un procedimiento judicial en el que hay que apuntar al "papel político del PP de judicializar la vida pública en contradicción con su opacidad en el tema de los sobresueldos de Juan Ignacio Zoido".
