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La Junta ofrece "asesoramiento" técnico a los comercios afectados por el fin del alquiler de renta antigua

La administración andaluza cifra en 3.000 el número de comercios de la provincia de Sevilla afectados por el fin de la moratoria. La oficina tendrá un carácter de asesoramiento e intermediación y pondrá al servicio de cada comerciante afectado una serie de herramientas legales personalizadas

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  • Oficina de Sevilla -

La Consejería de Turismo y Comercio ha puesto en marcha en Sevilla una nueva oficina de asesoramiento jurídico para los comerciantes afectados por la extinción de los contratos de alquiler de renta antigua, tras el fin de la moratoria recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La delegada territorial de este departamento, Granada Santos, ha explicado que el nuevo servicio que ofrecerá la Consejería a través de sus diferentes delegaciones en colaboración con Consumo pretende "ofrecer toda la información a los afectados por la situación generada por la aplicación del fin de la moratoria para que pueda hacer valer sus derechos y defender sus negocios".

La oficina tendrá un carácter de asesoramiento e intermediación y pondrá al servicio de cada comerciante afectado una serie de herramientas legales personalizadas, ha informado en un comunicado.


Así, personal técnico de la Junta podrá examinar los contratos de arrendamiento y analizar sus cláusulas con el fin de que las personas inquilinas cuenten con toda la información a la hora de resolver su situación ante los propietarios de los locales.

Este servicio estará operativo esta misma semana y tendrá sede física en la Delegación de Turismo y Comercio.

La Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1994, establece que todos los negocios que tengan un contrato de renta antigua firmado con anterioridad a mayo de 1985 debían actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre de 2014.

Esto hace, según Santos, que "muchos negocios no podrán asumir en el contexto económico actual las nuevas rentas" y ha sostenido que las administraciones "no pueden ser neutrales", por lo que ha defendido la "necesidad de protección" para estos establecimientos comerciales "por la importancia que tienen en las ciudades, por la economía sostenible que genera directa e indirectamente en otros sectores y por la capacidad de crear y mantener empleo estable".

Ha cifrado en 3.000 los comercios afectados en la provincia de Sevilla por el fin de la moratoria, lo que supone unos 10.000 puestos de trabajos directos.

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