La Audiencia de Sevilla ha pedido al juzgado de instrucción 8 de Sevilla que eleve al Tribunal Supremo una exposición razonada sobre los indicios de criminalidad de José Luis Sanz, alcalde de Tomares (Sevilla) y senador del PP, por pagar a un concejal de su partido por servicios inexistentes.
La sección tercera de la Audiencia, en un auto dictado hoy al que ha tenido acceso Efe, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el concejal de Presidencia de Tomares, Eloy Carmona, y ha declarado nulo el auto de la instructora que acordó inhibirse a favor del Supremo.
La Audiencia rechaza la forma en la que la juez tomó su decisión y le indica que, en vez de inhibirse al Supremo, tiene que remitirle "una exposición razonada sobre los indicios de criminalidad que, en relación con los hechos investigados en este procedimiento, haya apreciado en la actuación del senador José Luis Sanz, a los que podrá acompañar los testimonios que justifiquen su valoración".
En su resolución, la Audiencia solicita a la titular del juzgado de instrucción 8 que emplee la misma fórmula que la juez Mercedes Alaya empleó cuando envió al Supremo la causa de los ERE por la posible implicación de varios aforados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En el auto, que no es recurrible, la Audiencia de Sevilla resuelve los recursos presentados por Sanz y otros imputados tras la resolución de la juez de instrucción 8, que acordó remitir lo investigado hasta ahora a la Sala de lo Penal del Supremo.
Según el juzgado, los informes de una línea supuestamente elaborados por el concejal Juan Campos entre el 2007 y el 2008 fueron en realidad elaborados en el 2013 "con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas".
Por esta causa, denunciada por la Fiscalía de Sevilla, están imputados Campos -que fue contratado por el Ayuntamiento tras no salir elegido en las listas del PP- así como otros tres concejales del PP: Carmona, la edil de Urbanismo Pilar Domínguez y la actual responsable de Cultura, Mercedes Fuentes, así como el interventor municipal Alfonso Barrios.
La juez recogía en su auto que, según la investigación policial, también las fotografías que se adjuntan a los informes de Campos fechados en los años 2007 y 2008 "fueron tomadas con posterioridad, en los años 2011 y 2012".
Según la juez, Sanz, ex secretario general del PP andaluz, podría ser imputado por delitos de prevaricación y malversación por los dos periodos en los que Campos trabajó para el Ayuntamiento.
En el primero, entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, cuando recibió directamente una retribución del Consistorio, y el segundo entre enero de 2010 y junio de 2011, cuando fue contratado por la empresa que trabajaba para el Ayuntamiento por orden, presuntamente, de Eloy Carmona.
Sanz, afirma la juez, firmó en octubre de 2007 un "contrato menor de consultoría y asistencia" con Campos y se estableció un límite presupuestario de 18.000 euros para dicha contratación, aunque el total abonado en ese periodo fue de 52.454 euros.
Las diligencias practicadas con relación a los informes presentados por Campos "ponen claramente de manifiesto que "han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas", si bien no se ha podido localizar el ordenador con el que se hicieron, dice el auto de la juez.
