La Fiscalía de Sevilla ha acordado la exhumación el próximo día 2 de julio de los restos de un bebé después de que los padres interpusieran una denuncia al considerar que fue robado al nacer en el año 1983, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
En este sentido, las mismas fuentes han señalado que el pequeño nació en el año 1983 en el Hospital Virgen del Rocío, en la capital hispalense, y fue trasladado a los pocos días al Hospital Infantil, tras lo que los facultativos comunicaron a la familia que el bebé había fallecido.
Según las fuentes consultadas, los familiares únicamente pudieron ver en ese momento el rostro del bebé, por lo que denunciaron hace unos meses los hechos al tener "ciertas sospechas" de que no hubiera muerto en realidad.
MEDIA DOCENA DE EXHUMACIONES
La exhumación de los restos del bebé, que se encuentran en un osario, se llevará a cabo el próximo día 2 de julio en un cementerio de la provincia de Sevilla, lugar al que acudirán, además de la familia, el fiscal encargado del caso, médicos forenses, funcionarios del Instituto Nacional de Toxicología y agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.
Hasta el momento, se han realizado media docena de exhumaciones y sólo en una de ellas se han podido obtener restos de ADN en uno de los casos, restos que, según concluyó el Instituto Nacional de Toxicología, eran compatibles genéticamente con los de los denunciantes, por lo que se concluyó que no había delito.
En total, la Fiscalía ha archivado más de un centenar de denuncias recibidas por el presunto robo de bebés, y actualmente el fiscal que fue designado para esta investigación únicamente mantiene abiertos "siete u ocho casos".
EL ADN
Uno de los últimos archivos se produjo el pasado mes de diciembre, cuando, tras llevarse a cabo la exhumación en un cementerio de la provincia, la Fiscalía dio carpetazo a la investigación relativa a la denuncia de unos padres que sospechaban del presunto robo de su hijo nacido en 1998.
Así, y tras exhumar el cadáver enterrado en el cementerio, "no fue posible, por el precario estado de conservación de los restos óseos, la individualización de ADN suficiente para el correspondiente cotejo con el perfil genético de los denunciantes", lo que motivó el archivo de las actuaciones.
