Ecologistas en Acción denunciará por “desacato” al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) si, en breve, no procede a la ejecución forzosa de la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Sevilla, que obliga a revisar el Plan Global de Aguas de la mina Cobre las Cruces, aprobado por la CHG en octubre de 2013 en sustitución de la autorización de reapertura de la mina, anulada a su vez por el TSJA.
La importancia de esta sentencia estriba en que la sentencia, que es firme porque no fue recurrida por ninguna de las partes, anula la resolución con la que la CHG sustituía a la que autorizaba la modificación del sistema de drenaje de Cobre Las Cruces, recurrida y anulada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y en la que Junta y empresa “de manera coordinada, han justificado la legalidad del funcionamiento de la mina”.
La sentencia, de noviembre de 2014 pero notificada el 15 de enero de este año, obliga a la CHG a retrotraer toda la situación administrativa al 1 de enero de 2009, ya que todas las actuaciones de la Agencia Andaluza del Agua se declararon ilegales cuando el Tribunal Constitucional devolvió las competencias del Guadalquivir a la CHG.
Seis meses después
La sentencia daba diez días para su ejecución pero “seis meses después, el presidente de la CHG no ha ejecutado la sentencia, no ha realizado la retroacción del expediente y no ha valorado las cuestiones planteadas en el fallo de la sentencia”.
Entre estas cuestiones se encuentra la nueva autorización de vertido al acuífero y la imposición del canon establecido en la Ley de Aguas. Su no tramitación, según Ecologistas en Acción, puede considerarse “de hecho una exención al canon”, por lo que Cobre Las Cruces “ha dejado de pagar varios millones de euros de tasas al erario público”, que se podrían haber invertido en la mejora del acuífero que aseguran está dañando.
Ecologistas recuerda que existen diligencias previas por un posible delito ambiental contra la empresa, ya que “usa anualmente un millón de metros cúbicos de agua del acuífero por encima de los 180.000 m3/año que tiene otorgados desde 2014”, y se cuestiona “por qué se da este trato de favor” a una empresa que acumula expedientes sancionadores y causas penales por delitos medioambientales “y que presume de obtener millones de beneficios industriales”.
También hacen hincapié en el hecho de que la CHG, con fecha 15 de febrero de 2015, resolviera de manera extemporánea un recurso anterior de Ecologistas “dando validez a los actos ilegales de la Agencia del Agua, negándose a la retroacción del expediente y por tanto, incumpliendo y burlando flagrantemente la orden de ejecución del 15 de enero de la sentencia firme”.
Maldonado confirma el posible recurso
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha confirmado que su departamento estudia la posibilidad de presentar un recurso de casación contra la sentencia del TSJA sobre la autorización para explotar la mina de Cobre las Cruces.
Sánchez Maldonado ha dicho que también se plantean la posibilidad de complementar el expediente administrativo con una resolución de la Consejería “tras conocer lo dictado por los tribunales y la resolución de octubre de 2013 de la Confederación Hidrográfica”, precisamente la que Ecologistas denuncia que ha sido anulada por sentencia.
Esta resolución, dice, “ampara y refuerza la gestión hídrica que se está llevando a cabo actualmente en el complejo minero y que avaló la Agencia del Agua”.
