La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el próximo mes de noviembre el inicio del juicio contra el dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, para quien la Fiscalía pide 13 años de cárcel por delitos societario, de insolvencia punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros.

   En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado el juicio contra el dueño de Contsa y contra su exmujer, María del Carmen Bautista, --que se enfrenta a una pena de seis años de prisión--, para los días 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre, y 1, 14, 15, 21 y 22 de diciembre.

   La Fiscalía de Sevilla, cabe recordarlo, pide para el acusado tres años de cárcel y una multa de 7.200 euros por un delito societario; siete años de prisión y multa de 9.000 euros por el delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, y otros tres años y multa de 14.400 euros por el delito de insolvencia punible.

   De su lado, solicita para su exesposa cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros como cooperadora necesaria del delito de estafa, y dos años de cárcel y multa de 14.400 euros como autora de un delito de insolvencia punible.

   En octubre de 2014, la juez de lo Penal número 10 de Sevilla ya condenó a José Salas a un año y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 3.336.358,25 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado a Hacienda, mientras que absolvió a su exmujer.

LA PETICIÓN DEL FISCAL

   En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pone de manifiesto que el acusado, que estuvo casi dos años en prisión por estos hechos, "movido por el deseo de captar inversores y para aparentar una solvencia de la que carecía frente a terceros, principalmente frente a inversores, acometió un fuerte aumento de capital social, siempre ficticio y que no respondía a la realidad".

   Así, señala que, "ante la inminente insolvencia de seguir pagando los intereses de los inversores en la sociedad, comenzó a ofrecer" a éstos "la conversión de sus créditos o parte de los mismos en acciones sin voto" de la sociedad, "logrando convertir en accionistas a 433 acreedores". Así, ofrecía créditos de vencimiento anual retribuidos a tipos que oscilan entre el 5 y el 45 por ciento.

   "De esta guisa, la sociedad gestionada de forma personal por el acusado continuaba su devenir en una suerte de huida hacia delante, donde los intereses procedentes de anteriores se solventaban con nuevos créditos en inversiones", de manera que los intereses devengados por la sociedad ascendían, "al menos", a 20 millones de euros anuales.

   Al hilo, asevera que, ya a finales de 2007, "la insolvencia de la sociedad era evidente, teniendo un pasivo de 86 millones", a pesar de lo cual el imputado "continuó captando clientes bajo la supuesta existencia de una empresa saneada", todo ello hasta que dos acreedores solicitaron al Juzgado de lo Mercantil número 1 el concurso de acreedores de la sociedad.

CONCURSO DE ACREEDORES

   "Conocedor de esa solicitud", José Salas "presentó solicitud de concurso voluntario, alegando dificultades de tesorería de forma puntual, debido principalmente a la coyuntura económica e inmobiliaria del país". Según el fiscal, en esta solicitud "y entre otras mendacidades", el dueño de Contsa incluyó sólo a 609 acreedores por un pasivo total de 49 millones de euros.

   No obstante, sostiene el fiscal, "la realidad era que la sociedad contaba con unos 1.600 acreedores, de los que más de 1.000 no figuraban en la contabilidad de la empresa ni en la relación presentada ante el Juzgado Mercantil en el proceso concursal", señalando que, "tras la totalidad de acreedores tras las diversas reclamaciones concursales", los acreedores ascienden a 1.658.

   En los 40 folios que componen su escrito de acusación, el fiscal agrega que estos acreedores "tan sólo constaban en una lista paralela o B que manejaba el acusado".

"OPACIDAD"

   Según el representante del Ministerio Público, José Salas realizó una serie de operaciones mercantiles con las que "dotaba de más opacidad" a la sociedad, a la que además "no sometía a la preceptiva auditoría", a lo que se suma que "abusaba en exceso de la denominada cuenta contable de caja, donde a fecha del concurso figuraba una cantidad de 19 millones de euros", cantidad que "realmente no estaba en la caja de la entidad cuando se hizo cargo de la administración y control de la concursal".

   Junta a Contsa, el acusado "se dedicó a constituir una serie de sociedades" que "guardaban en ocasiones una relación de participación vertical, filiales de la matriz, y en otras ocasiones la relación era meramente horizontal", ya que, en este último caso, el imputado "situaba a personas de su confianza o familiares, como sus propios hijos, bien como propietarios de acciones o participaciones, bien como administradores".

   No obstante, el acusado "conservaba siempre la administración real y el dominio" de la misma, "bien por el ascendiente sobre los titulares simulados, bien por su familia a través de órdenes directas".

"ESTRUCTURA PIRAMIDAL"

   "Independientemente de la estructura piramidal de la sociedad", el imputado "fue distrayendo capital de los inversores hacia terceras sociedades que pertenecen a su círculo de familiares o amistades, de tal manera que sociedades sin actividad alguna y sin financiación conocida engordaban sus activos a costa de los inversores de Contsa, que sólo obtenía pasivo a cambio".

   Así, "y consciente cuanto menos en noviembre de 2007 de lo insostenible de la estructura creada y de la inminente insolvencia al cesar en los pagos de los intereses pactados, comenzó a distraer bienes de la mercantil y titularidades de la masa activa del mismo", defiende el fiscal.

   Por último, el fiscal mantiene que, una vez declarado el concurso, el acusado "aprovechó la capacidad real de administración sobre las mercantiles satélites de Contsa para proceder a una enajenación en bloque de sus activos y así evitar futuras reclamaciones por la administración concursal o de terceros sobre su persona y bienes".

   De su lado, el dueño de Contsa ha negado haber cometido una estafa piramidal y ha solicitado su libre absolución, todo ello en un escrito de defensa en el que solicita que en el acto del juicio declaren como testigos "todas y cada una de las acusaciones", que se elevan a 175.