La concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense Cristina Honorato (Podemos) ha anunciado este jueves una moción de urgencia al próximo pleno, en demanda de una "condena" al desalojo del asentamiento de personas sin hogar instalado en el paseo de Juan Carlos I. También se pide que el equipo de Gobierno "se retracte de esta medida totalmente autoritaria y desproporcionada con un colectivo social que necesita el mayor apoyo institucional".
"La violencia que la madrugada del 21 de octubre empleó el Ayuntamiento para desalojar a las personas acampadas en la ribera del río no tiene ningún tipo de justificación", ha insistido Honorato, quien también ha destacado la importancia que tenía esta protesta, ya que las personas sin techo estaban "auto organizándose para exigir sus derechos".
La "acampada de la Dignidad" se desarrolló durante 33 días en las inmediaciones de la avenida de Torneo. En torno a la una de la madrugada todas las personas del campamento fueron despertadas por un fuerte despliegue policial, según Honorato. Entonces, según denuncia la Plataforma Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, a los afectados se les dio 15 minutos para recoger sus pertenencias sin permitir la retirada de objetos que no pudiesen ser llevados por sus manos. Posteriormente serían trabajadores de Lipasam, quienes limpiaran la zona y se llevaran tres camiones de diferentes materiales como mantas, tiendas de campaña, una ducha, así como otras enseres que diferentes personas les habían entregado solidariamente.
UN DETENIDO
Además, el activista Lagarder Danciu fue detenido por desorden público y puesto en libertad sin cargos, denunciando el mismo que no le permitieron contactar con nadie desde la comisaría, así como que "le fue robado el parte de lesiones que le realizaron la noche de su detención".
Esta protesta exigía el derecho a un cobijo digno, "pero desde el Ayuntamiento se ha respondido con el desalojo y la máxima violencia institucional", ha denunciado Honorato. Además la oferta que realizó Servicios Sociales antes de la llegada de la Policía, según la concejal, se limitaba a acoger a 20 personas acampadas en el albergue municipal hasta febrero de 2016. Una oferta "totalmente insuficiente para todas las personas sin hogar que existen en la ciudad".
La Plataforma Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, que apoyaba el asentamiento y de la que forma parte el citado Lagarder Danciu, expone de su lado que la acampada pretendía "defender el derecho a un cobijo digno de las 800 personas sin hogar" de la ciudad hispalense, explicando que los afectados rechazaron una plaza en el albergue municipal hasta el mes de febrero porque sus reivindicaciones "no se limitan a 20 plazas que ofertaba el Ayuntamiento", sino "al derecho a un cobijo digno para las más de 800 personas sin hogar de la ciudad que llevan décadas sufriendo el maltrato institucional".
