El comité de empresa de Vectrus, la sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, ha manifestado este jueves que dado que los propios tribunales españoles declaran la "inmunidad" de Estados Unidos en conflictos labores como el de esta base, es posible que EEUU se valga de tal aspecto para "sustituir" a los trabajadores españoles que han sobrevivido a los tres despidos colectivos por "civiles" norteamericanos.
José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de la base, ha celebrado este jueves una rueda de prensa con Manuel Ponce, secretario general de MCA-UGT Sevilla, sobre todo a cuenta de la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "ajustado a derecho" el expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), antecesora de Vectrus en los servicios civiles de mantenimiento y logística de este recinto militar cuyo uso comparten España y Estados Unidos.
La demanda de los 55 trabajadores españoles despedidos en 2014, recordémoslo, se dirigía entre otros contra las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Estados Unidos, si bien la sentencia del TSJA que declara "ajustado a derecho" el ERE de 2014 declarar además "la inmunidad del Gobierno de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas" respecto a la citada demanda.
LA "INMUNIDAD" DE ESTADOS UNIDOS
El fallo del TSJA, recogido por Europa Press, argumenta al respecto que en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos", si bien José Armando Rodríguez expone que VBR era una mera "empresa pantalla" y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos son el empleador real. "Está totalmente probado que la empresa ni decida ni indemniza. Hay una cesión ilegal de trabajadores", ha agregado Manuel Ponce.
Los sindicalistas han recordado que el incremento de la actividad militar en la base es tal, que España y Estados Unidos han firmado una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pase de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge actualmente mediante prórrogas anuales, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves. Además, la enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite para despliegues temporales, de modo que la base sevillana podrá acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales.
"Han convertido Morón en una macrobase, una colonia", ha avisado el presidente del comité de empresa, quien recuerda que el progresivo incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el recinto ha corrido en paralelo a los 240 despidos de trabajadores españoles consumados mediante los ERE de 2010, 2013 y 2014, todo ello mientras los gobernantes españoles "firman lo que (EEUU) pone por delante". Y es que según avisa, antes del primer ERE la base contaba con "cien militares estadounidenses" y casi 600 trabajadores españoles, toda vez que a día de hoy la plantilla ha sido reducida a poco más de 300 empleados españoles y la base puede acoger hasta 3.000 militares.
INCLUSO CIVILES
Así, dado que la última enmienda al convenio bilateral de cooperación que regula el uso de la base contempla la incorporación de hasta 500 civiles, José Armando Rodríguez ha manifestado su temor ante la posibilidad de que Estados Unidos se valga de la "inmunidad" que ya incluso le reconocen los tribunales españoles, para "sustituir" a los trabajadores españoles por "personal civil estadounidense". "Nos van a despedir para meter a su gente", ha augurado.
Después de que Manuel Ponce haya dudado directamente de la "independencia" de la mencionada sentencia del TSJA, pues a su juicio no mediaron "causas" verdaderas para los 55 despidos de 2014, José Armando Rodríguez ha señalado las "connotaciones políticas" del conflicto. "El Gobierno no nos apoya y la Junta está e segundo plano. Las leyes españolas no sirven para defendernos. Estamos en una situación de absoluta indefensión y desamparo", ha lamentado.
La plantilla, no obstante, seguirá con su lucha y la semana que viene se reunirá con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y pedirá encuentros con todos los grupos del Parlamento de Andalucía, para que los políticos "den la cara" y se pronuncien.
