La juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para el próximo día 19 de diciembre el inicio del juicio por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla, causa en la que hay diez personas acusadas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos.
En una diligencia de ordenación fechada el 7 de julio, a la que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la Administración de Justicia (la antigua secretaria judicial) del Juzgado fija los días 19, 20, 22 y 23 de diciembre para la presentación de las cuestiones previas.
Una vez concluido el trámite de presentación de cuestiones previas, el juicio continuará los días 17, 19, 20, 24, 26, 27 y 31 de enero del próximo año 2017, así como los días 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 y 28 de febrero --festividad, por cierto, del Día de Andalucía--, y 2, 3, 7, 9 y 10 de marzo de 2017, cuando está previsto que concluya la vista oral.
El juicio, que durará un total de 28 sesiones, se celebrará en la Audiencia Provincial de Sevilla, concretamente en la sala de vistas asignada a la Sección Segunda y que se encuentra ubicada en la tercera planta del edificio judicial.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, remitió la causa al Decanato para su enjuiciamiento después de que, en abril de 2015, la entonces titular del Juzgado, Mercedes Alaya, abriera juicio oral contra un total de diez personas, entre ellas Torrijos, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, el exasesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, o el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
Asimismo, abrió juicio oral contra la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.
La instructora atribuye a todos ellos un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación.
La magistrada considera que el delito de fraude y exacciones ilegales "se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo" entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
Sobre el delito de prevaricación, la juez indica que se habría producido porque, "a sabiendas", los citados cargos públicos, técnicos y empresarios "se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público".
"OFERTAS DE RELLENO"
Es decir, dicha preparación se llevaría a cabo "desde la elaboración del pliego con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 8 de noviembre de 2005 --donde el pliego se explica con detalle--, como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor de dicha entidad".
De igual modo, la juez abrió juicio oral contra Mellet, Torrijos, Crespo, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano por un delito societario --los dos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus--, ya que "los anteriores cargos públicos integrantes de órgano de administración de Mercasevilla, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad".
La juez, que impuso a los acusados una fianza solidaria de 33.250.000 euros luego anulada por la Audiencia Provincial de Sevilla, archivó la causa contra los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, la subjefa de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo, la ex jefa de Licencias María Isabel Evans y el arquitecto Alberto Balbontín Abad.
Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados.
