El defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha manifestado este miércoles la necesidad de que las instituciones y empresas dedicadas al abastecimiento de agua sigan "la senda" del "derecho humano al agua", con la consiguiente "prohibición" de cortar el suministro a las personas que por su situación socioeconómica no puedan afrontar el pago de las facturas, toda vez que el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), ha coincidido en la "necesidad de ser sensibles", pero siempre que los servicios sociales "acrediten" las dificultades de quienes caen en esta situación.
Maeztu y Juan Espadas han participado este miércoles junto al consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en la 'Jornada Ética, Compromiso y Transparencia', organizada por el Grupo Joly y la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa).
En este contexto, Antonio Pulido ha llamado a "profundizar en la responsabilidad social", como "principio que vertebre de arriba a abajo cada organización pública y privada", porque el arraigo de las políticas de responsabilidad social no sólo es "muy saludable" y ha crecido intensamente en los últimos años, sino que se trata de un giro ya "irreversible". Al respecto, y entre otros aspectos, ha señalado el convenio recientemente firmado entre la Fundación Cajasol y la Universidad de Sevilla, para la creación de una "cátedra de responsabilidad social".
De Llera, de su lado, ha centrado su intervención en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía promovida en 2014 por el Gobierno autonómico, para "regular toda una serie de medidas que proporcionen el derecho a la ciudadanía a poder acceder a la información pública, a la participación ciudadana así como a ejercer una continua evaluación de los programas y políticas públicas". Así, ha defendido que se trata de una "ley de máximos" respecto a la legislación estatal y una herramienta clara para "prevenir la arbitrariedad" en el desempeño de las funciones públicas, reforzar el control de las instituciones y, por tanto, fortalecer el Estado de derecho.
De Llera, en ese sentido, ha desgranado datos del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, con casi tres millones de páginas visitadas y 1.877 solicitudes de información, el 89 por ciento de ellas ya resueltas. "Hemos publicado las declaraciones del IRPF de la Presidenta de la Junta de Andalucía y de los consejeros y consejeras del Ejecutivo. De igual forma, se pueden consultar en la página web de la Junta de Andalucía los datos fiscales relativos a las parejas de los integrantes del Ejecutivo autonómico", ha defendido.
MÁS MEDIDAS
Por último, el consejero ha subrayado que el Gobierno de andaluz está trabajando en dos proyectos: el Proyecto de Ley Participación Ciudadana de Andalucía, que se encuentra en el trámite de alegaciones, y la puesta en marcha de la Oficina de Prevención contra el Fraude y la Corrupción, que va a tener el objetivo de garantizar el control riguroso de los recursos públicos.
Jesús Maeztu, de su lado, ha dedicado la mayor parte de su intervención demandar que los criterios de "moralidad, equidad, justicia" y transparencia calen especialmente en las empresas que gestionan servicios públicos, señalando que aunque la transparencia es el "paradigma" del nuevo modelo de gestión pública, tal extremo debe derivar en "cambios" tangibles en la forma de actuar de los poderes públicos, porque la sociedad demanda "algo más que la incorporación de ventanas a una página web".
"Compromiso ético, responsabilidad social y transparencia", ha reclamado, avisando de que la cruda crisis económica ha generado "una nueva realidad social de pobreza energética e hídrica" y "la conciencia social" reclama que las personas desfavorecidas cuenten con unos mínimos de acceso a estos servicios básicos y esenciales sin que los mínimos de suministro estén sujetos a "condiciones" económicas inasumibles para estas personas.
En este punto, Maeztu ha reclamado "compromiso con el derecho humano al agua", demandando "la prohibición por norma imperativa" de que las personas desfavorecidas se vean privadas del acceso al agua como consecuencia de la imposibilidad de abonar las facturas a cuenta de su situación económica. Al respecto, ha reclamado expresamente que Emasesa "transite por esa senda", valorando eso sí los avances realizados en la materia por la empresa metropolitana de aguas.
"SENSIBLES" CON LOS DESFAVORECIDOS
Juan Espadas, finalmente, ha defendido que Emasesa es a día de hoy no sólo "la joya de la corona del sector público municipal" de Sevilla, sino "un referente" en materia de responsabilidad social y ética. Espadas, no obstante, ha admitido la necesidad de "traducir los compromisos en cuestiones reales", aspecto en el que a su juicio está "profundizando" Emasesa. Espadas ha reconocido que el impacto de la crisis es aún "profundo" en la situación socioeconómica de muchas familias y, recogiendo el guante lanzado por Maeztu, ha señalado la "necesidad de que Emasesa sea sensible" con la situación de las familias que carecen de recursos para afrontar el pago de las facturas del agua.
Espadas, empero, ha defendido los avances de Emasesa en la materia, recordando que todas las medidas deben contar con "garantías acreditadas" por parte de los servicios sociales, en el sentido de que quede probado que las personas beneficiadas por el apoyo institucional verdaderamente carecen de recursos. Finalmente, y en materia de transparencia, Espadas ha llamado a redoblar los esfuerzos por restablecer las conexiones entre los poderes públicos y la ciudadanía, porque él por ejemplo, no tiene "la sensación de que la gente se crea siquiera la mayoría de los datos que se publican" en materia de transparencia.
